Gobierno invertiría RD$20 mil millones en tierras de Barrick.

Con la nueva presa de cola autorizada por el presidente Luis Abinader a la empresa Placer Dome Dominicana Corporation para la minera Barrick Pueblo Viejo, en Cotuí, Sánchez Ramírez, el gobierno tendría que invertir al menos RD$20,000 millones, a parte de los graves daños ambientales que provocará la infraestructura en la región.
En los gastos de la obra coinciden el ministro de Energía y Minas, Joel Santos y el ambientalista Luis Carvajal, aunque tienen posiciones encontradas en torno a la pertinencia o no de la presa.

Santos considera el proyecto como “complejo” y Carvajal lo tilda de estafa al pueblo dominicano y pide al Gobierno rescindirlo.
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La segunda enmienda del Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros aprobado por el Congreso Nacional, establece que el Estado dominicano deberá identificar a las personas que habitan en las áreas impactadas, calcular los valores a sus cultivos, terrenos y otros bienes y pagarlos a sus propios costos, además reubicar las familias en viviendas adecuadas.
El ministro de Energía y Minas calificó el proyecto como «complejo, pero de suma importancia», destacando que impactará directamente a más de 600 familias.
“Es un proceso complejo, pero de mucha importancia (…). La inversión total en este proceso de reasentamiento va a alcanzar los RD$20,000 millones, que al final será asumida por el Estado”, afirmó.

El decreto
Mediante el decreto 720-22 el presidente Luis Abinader autorizó la ampliación de la Zona Fiscal Montenegro, zona minera donde opera Barrick Gold Pueblo Viejo en la provincia Sánchez Ramírez, para la instalación de un relave y rocas sin valor económico, mejor conocida como presa de colas.
Con decisión el jefe de Estado expandió la Reserva Fiscal Montenegro en 3,115.47 hectáreas mineras más para hacer la presa de colas y, además, permitir la instalación de facilidades auxiliares para asistir a las operaciones de la minera.
Ahora la minera pasaría de ocupar 4,880 hectáreas a 7,995.47, establece el decreto presidencial.
Condiciones
La autorización dada a conocer el 14 de septiembre del 2022 , otorgaba a la minera un plazo 36 meses para realizar y presentar los estudios de impacto ambiental y de factibilidad del proyecto.

Se establecía que el referido plazo podría ser extendido por un plazo 24 meses adicionales, en la eventualidad de que la empresa no pudiera realizarlo y presentarlo por una causa de fuerza mayor.
El contrato
Carvajal denunció que con el contrato que considera una estafa provocará graves daños ambientales en la zona.