Haití está siendo el salvaje escenario de las nuevas guerras: privatización, crimen organizado y colapso total.

En Haití ya no se puede distinguir entre lo que es guerra civil y crimen organizado. El Estado se encuentra colapsado y la seguridad ha pasado a ser una mercancía más, alimentando una espiral de violencia cada vez más profunda. Desde hace años, este país es la viva definición de las guerras posmodernas, en las que el conflicto se fragmenta, los actores se multiplican y la soberanía se reparte entre mafias, milicias y compañías de seguridad privadas. Un contexto bélico, que, a pesar de estar localizado en este país caribeño, es un reflejo de lo que pueden llegar a convertirse las guerras actuales.

Ante el creciente deterioro del país, el 2 de octubre de 2023, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el despliegue de una fuerza multinacional en el país. No era la primera vez que Naciones Unidas aprobaba este tipo de operaciones. Los cascos azules de la MINUSTAH aterrizaron por primera vez en Haití en 2004 por petición del propio gobierno, pero, antes del fin de su mandato, Haití se vio devastado primero por cuatro huracanes en 2008 y, dos años después, por un terremoto de 7 grados en la escala Richter. La misión de MINUSTAH fue prorrogada y terminó en 2017.

La reconstrucción de Haití se convirtió en un caso de libro de todo lo que se debe evitar hacer en las misiones de paz y en la distribución de la ayuda humanitaria. Al desembarco de soldados de países con historiales de violaciones de los derechos humanos se sumó la llegada a Haití de un ejército de organizaciones humanitarias totalmente descoordinadas con ejecutivos y gestores cobrando sueldos astronómicos en un país con un Estado débil y una población paupérrima. La acumulación de escándalos no sólo incluyó el despilfarro y operaciones armadas controvertidas con métodos cuestionables, sino que incluyó la corrupción de menores y la violencia sexual en un ambiente de impunidad generalizada.

La intervención humanitaria en Haití acumuló razones para ser profundamente criticada, pero bastaron cinco años tras su fin para que el país quedara sumido en la violencia de las bandas criminales. Así que, cuando en el año 2022 el gobierno de Haití pidió nuevamente ayuda a Naciones Unidas, la comunidad internacional no estaba muy convencida de volver a mandar fuerzas, especialmente los países iberoamericanos que participaron en MINUSTAH. No hubo suficiente voluntad y consenso para volver a enviar a Haití una misión de cascos azules y al año siguiente de la petición de ayuda del gobierno haitiano el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la descafeinada Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití de carácter policial.

La falta de entusiasmo por el despliegue en Haití no sólo se reflejó en la tardanza en responder a la petición del gobierno y en que se aprobara únicamente una misión de carácter policial. Solamente aparecieron un puñado de países dispuestos a participar, con Kenia a la cabeza ofreciendo mil agentes de policía. Sin embargo, las negociaciones para ultimar los destalles retrasó todo aún más hasta 2024.

Kenia parecía el candidato adecuado porque se consideró que un país africano le quitararía la pátina neocolonial a una nueva intervención en Haití. La experiencia acumulada en Kenia en la lucha contra el terrorismo yihadista, con sus fuerzas de seguridad formadas por Estados Unidos y Reino Unido, como la Unidad de Servicio General, aseguraba unos mínimos estándares profesionales adecuados. Pero si a la misión no le faltaban suficientes problemas, su aprobación supuso un calvario jurídico en Kenia a falta de un marco legal adecuado para autorizar el despliegue.

Polícias de Kenia para un campo de batalla caribeño

El 25 de junio de 2024 el primer contingente de 400 policías de Kenia aterrizó en Haití, ocho meses después de la aprobación del despliegue de la fuerza multinacional y 20 meses después de la petición de ayuda del gobierno haitiano. En los siguientes meses llegaron nuevos contingentes, completándose en enero de 2025 una cifra más cercana a los 800 que a los 1.000 agentes prometidos.

Jamaica fue el segundo país en aportar fuerzas, prometiendo 170 militares y 30 policías. En tercer lugar, Guatemala aportó 150 policías militares. Otras aportaciones quedaron en el terreno de lo simbólico, como los seis militares de Bahamas y los dos policías de Belize. El goteo de militares y policías llegados a Haití procedente de varios países terminó sumando una fuerza de unos 1.000 agentes de seguridad, muy por debajo de los 2.500 agentes requeridos sobre el papel. En cualquier caso, unas cifras insuficientes para atajar la violencia de las bandas criminales, que mataron en 2024 alrededor de 5.600 personas en un país empobrecido donde la cifra de personas desplazadas ronda el millón.

Los policías de Kenia entraron pronto en acción en Haití, surgiendo enseguida roces con las fuerzas locales. Los policías keniatas se quejaban de la falta de cooperación por parte de la Polícía Nacional de Haití, que por su parte señalaban la falta de voluntad del contingente internacional de entrar en los lugares más peligrosos de la capital del país.

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