Editorial

Haití, RD y superpoblación

Proyecciones estadísticas, a partir de una investigación científica, vaticinan que en diez años  la isla Hispaniola o Española, la cual está conformada por Haití y República Dominicana, tendrá 24  millones de habitantes; eso convoca a la reflexión para comprender la magnitud del futuro demográfico y tomar conciencia de la necesidad de planificar hoy políticas eficaces en procura de encarar con responsabilidad los retos que tendrán que asumirse.

Los pronósticos se basan en un estudio efectuado por especialistas de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE),  cuya institución es una dependencia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Esta realidad requiere que los dirigentes políticos dominicanos le pongan la debida atención, porque es vital para entender y asimilar el proceso y de ese modo sumar ideas, energías y voluntades para definir una política de Estado eficiente en aras de evitar efectos demoledores en los campos de migración, cultura, medio ambiente, alimentación, salud, educación y bienestar social.

Hoy día la superpoblación en muchos países constituye una problemática complicada, en razón de que se enfrentan serias dificultades en la producción de alimentos, agua potable, energía eléctrica  y generación de empleos.

Como consecuencia del crecimiento desorganizado de la población se registra una crisis general que se expresa en desempleo, hambre, pobreza, marginación, hacinamiento, promiscuidad, miseria e insalubridad; millones de personas sobreviven en condiciones inhumanas a causa de la multiplicación desordenada del hombre y la mujer.

En este momento hay que evaluar los resultados de la citada investigación, en vista de que el poder político debe prepararse y emprender un plan de prevención con miras al 2030, puesto que es la manera de precaver coyunturas traumáticas.

Un aumento demográfico se convierte en un desafío para Haití y República Dominicana, porque habrá que responder a necesidades materiales y espirituales, lo que obligará a ejecutar planes que garanticen trabajo, alimentación, salud, educación, viviendas y los servicios esenciales.

Para contrarrestar el impacto negativo que se prevé, los investigadores recomiendan  impulsar el desarrollo fronterizo, gestionar inversiones en Haití, reducir la inmigración y cooperar por la mejora de la economía haitiana, en el contexto de un plan preventivo en busca de evitar males peores en la década 2020-2030.

Ojalá que los líderes dominicanos y haitianos logren concientizarse sobre los conflictos sociales, económicos, medioambientales y humanos que ocurrirán en diez años, porque es la clave con el objetivo de asegurar calidad de vida y bloquear los problemas que podrían provocar inestabilidad democrática y una hambruna devastadora.

Que se planifiquen, entonces, un programa integrado y políticas públicas vigorosas de Estado por la paz y el bienestar social en República Dominicana y Haití.

Que se apliquen las leyes

Los miembros de la Junta Central Electoral tienen un compromiso patriótico: aplicar las leyes, garantizar elecciones transparentes y democráticas, sancionar a quienes se alejan del orden jurídico y constitucional, actuar con independencia y propiciar un clima que asegure el respeto a la voluntad popular.

¿Eso es suficiente para que los ciudadanos confíen en quienes dirigen el proceso político-electoral: Sí o no?

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