Editorial

El informe de los EE.UU

La injerencia de los EE.UU es una tradición en el caso de nuestro país, donde los gobiernos de ese gran país se autoperciben con el derecho de decidir el rumbo político de la nación. En esa relación de dependencia, el gobierno norteamericano, a través del Departamento de Estado, pone en marcha sus mecanismos que persiguen gravitar en la política interna dominicana.

El informe sobre derechos humanos es uno de esos mecanismos rutinarios, donde EE.UU y su gobierno hacen ver su aprobación o desaprobación de la gestión del gobierno, en este caso, sobre el estado de los derechos humanos y su violación por parte del gobierno de la República.

Como es costumbre para marzo, el Departamento de Estado hace público su enjuiciamiento sobre la situación del país en esa materia. En ese orden, el Informe 2019 destaca las limitaciones por parte del Gobierno dominicano respecto a la independencia del Poder Judicial, el cual “desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del Poder Judicial es un problema grave”, citando como ejemplo el caso de la Odebrecht.

El Informe también se hace eco de las ejecuciones extrajudiciales, indicando que “en el 2019 hubo más de 70 ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Nacional”, al tiempo de señalar la ocurrencia de prácticas de torturas y palizas por parte de la fuerza de seguridad.

Asimismo, el Departamento de Estado señala sobre la libertad de prensa que “en varias ocasiones se limitó el ejercicio del periodismo” describiendo sin mencionarlo por su nombre, al caso que afectó a Marino Zapete, a quien se presionó hasta sacarlo de su programa de televisión. Finalmente, el Informe alude a las deportaciones ilegales de haitianos, tomando como referencia un informe de la Organización Internacional para las Migraciones.

Esos señalamientos del Departamento de Estado reiteran la posición del Gobierno de los EE.UU, posición que no oculta su crítica sobre los gobiernos encabezados por el partido de gobierno. Esa posición de cierta oposición al gobierno local, ha sido enarbolada reiteradamente a través de las misiones diplomáticas en el país, encabezadas por los últimos tres embajadores, al tiempo que deja ver cuáles son los temas que conforman la agenda de los EE.UU para nuestro país, la cual traduce los intereses que persigue el gobierno de los EE.UU.

Se critica a la Justicia dominicana sobre la corrupción sobre todo porque la misma provino de la asociación del gobierno dominicano con las multinacionales brasileñas, las cuales desplazaron a las norteamericanas por más de una década, al tiempo que el gobierno brasileño desplazaba al norteamericano en su influencia sobre los gobiernos locales, asesorándolos y financiando sus campañas electorales.

Pero lo peor, y es lo que no se dice, bajo esa influencia contraria a los intereses norteamericanos, los gobiernos locales aprovecharon su estadía en el Estado, no solo para establecer su propia agenda de gestión pública, sino además para convertir a sus cúpulas partidarias y  relacionados, empresarios y clientelas electorales, en la nueva clase gobernante y en la nueva clase económicamente dominante. De ahí su gran poder fáctico acumulado, por encima de los intereses norteamericanos.

¡El informe del Departamento de Estado, es, pues, un grito de impotencia!

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