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RESUMEN
Por: Giovanni Mattos_.
En la historia de los conflictos internacionales existe una paradoja que las grandes potencias suelen olvidar: la presión externa, cuando se ejerce sin comprender la complejidad interna de una sociedad, puede terminar fortaleciendo al adversario que se intenta debilitar.
La crisis que atraviesa Irán en 2026 parece confirmar esa lección.
Aunque la guerra continúa en medio de negociaciones frágiles y con actores regionales profundamente inestables, un elemento comienza a perfilarse con cierta claridad: el Estado iraní ha llegado a esta fase del conflicto con una cohesión interna mayor de la que muchos analistas occidentales anticipaban. Y ese hecho obliga a replantear el relato dominante sobre lo ocurrido.
La primera gran derrota política de Washington en Irán no ocurrió en el terreno militar. Ocurrió antes.
El propio expresidente estadounidense Donald Trump terminó reconociendo recientemente que Estados Unidos intervino indirectamente en las protestas que sacudieron al país a comienzos de 2026. Según sus declaraciones, Washington canalizó armamento a través de intermediarios kurdos con el objetivo de influir en el desarrollo de esas manifestaciones.
La admisión resulta significativa porque durante meses Teherán había denunciado la existencia de interferencias externas en un proceso que originalmente tenía raíces sociales y económicas internas.
Protesta social y presión económica.
Las protestas de enero de 2026 no surgieron en el vacío. Fueron el resultado de tensiones acumuladas durante años en una economía sometida a un régimen de sanciones severo impulsado por Estados Unidos desde 2018.
Estas sanciones han restringido las exportaciones energéticas iraníes, limitado el acceso a divisas y aislado parcialmente al país del sistema financiero internacional. Las consecuencias han sido visibles: inflación persistente, depreciación monetaria y deterioro del poder adquisitivo de amplios sectores de la población.
Pero atribuir el malestar social únicamente a la presión externa sería una simplificación.
En el interior del país también han operado dinámicas que alimentaron ese descontento: procesos de liberalización económica parcial, expansión de mecanismos de mercado en determinados sectores y redes de corrupción que han acentuado desigualdades sociales. Estas tensiones han golpeado con especial dureza a sectores medios urbanos y a trabajadores afectados por la inflación.
La política iraní reflejó esas contradicciones. La elección presidencial de Ebrahim Raisi en 2021 se apoyó precisamente en un discurso centrado en la lucha contra la corrupción y en la promesa de justicia social para los sectores más afectados por la crisis.
Tras su muerte, el triunfo electoral de Masoud Pezeshkian marcó un giro hacia posiciones reformistas que buscan mayor apertura económica y una eventual reducción de las tensiones internacionales.
En ese contexto, las protestas representaban un fenómeno complejo: una expresión real de descontento social combinada con un debate político sobre el rumbo económico del país.
Cuando la protesta se convierte en conflicto.
Sin embargo, el desarrollo posterior de los acontecimientos alteró profundamente la naturaleza de las manifestaciones.
Lo que comenzó como un movimiento con reivindicaciones económicas terminó derivando en episodios de violencia armada que transformaron el escenario político. Las autoridades iraníes denunciaron desde el inicio la intervención de grupos armados que buscaban convertir la protesta en un proceso de desestabilización política.
Las cifras difundidas por el gobierno hablaron de más de 3.000 muertos durante los enfrentamientos, entre ellos numerosos miembros de las fuerzas de seguridad. Ese dato sugiere que el conflicto superó el marco de la represión unilateral para convertirse en una confrontación armada de mayor escala.
A la luz de las recientes admisiones sobre el suministro de armas a grupos opositores, el debate sobre la naturaleza real de aquella crisis adquiere una nueva dimensión.
El guion del cambio de régimen.
Este tipo de dinámicas ha sido descrito en la literatura política como parte de las llamadas “revoluciones de colores”. Se trata de procesos en los que un descontento social legítimo es acompañado por apoyo externo —mediático, político o logístico— con el objetivo de provocar cambios de gobierno alineados con determinados intereses geopolíticos.
Cuando estas estrategias indirectas no producen los resultados esperados, la historia demuestra que las potencias suelen recurrir a métodos más directos.
La ofensiva militar lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán —que incluyó el asesinato del líder supremo Ali Khamenei— no puede entenderse, desde esa perspectiva, como el inicio del conflicto actual. Más bien aparece como la continuación de una estrategia que había fracasado en su primera fase: la desestabilización interna.
El efecto contrario.
Pero la estrategia produjo el efecto opuesto al esperado.
La idea de una intervención “liberadora”, repetida durante años en el discurso político de Washington, choca con una constante histórica: ante una agresión externa, las sociedades tienden a cerrar filas.
En lugar de fragmentarse, Irán ha experimentado un fenómeno de cohesión nacional. Las divisiones internas —económicas, sociales y políticas— han quedado relegadas frente a la percepción de una amenaza exterior.
La presión económica prolongada y la agresión militar abierta terminaron reforzando la legitimidad del Estado que se pretendía debilitar.
Una derrota política.
El balance provisional del conflicto revela una paradoja estratégica.
Estados Unidos no logró convertir el malestar social en un proceso de cambio de régimen. No consiguió construir una “revolución de color” capaz de fracturar al sistema político iraní.
Y, en el intento, contribuyó a consolidarlo.
La guerra continúa y su desenlace sigue siendo incierto. Pero hay algo que ya parece claro: la primera gran derrota de Washington en Irán no fue militar.
Fue política.
