Opinión

JCE Garante de la Democracia Dominicana y del Estado Civil

Por Jaime Francisco Rodríguez

La República Dominicana en el ámbito nacional y ultramar, estrena dos leyes que había esperado por más de dos décadas, planteándose grandes expectativas de mejoría de la actividad política y de los procesos electorales: Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley 15-19 de Régimen Electoral.

La democracia dominicana sigue en construcción, relativamente estable, de buena legitimidad desde 1996 hasta contexto actual 2019-2020.

Lo inédito de la suspensión de las elecciones municipales del domingo 16 de febrero del presente año 2020 por fallas e irregularidades en la organización e implementación del voto automatizado, después de un mandato constitucional desde el 2010, una década para organizar elecciones municipales separadas y con voto preferencial de regidores/as, la JCE desconcierta a la población, frente a tanto dinero dispuesto en el presupuesto público, que sale del trabajo e impuesto del pueblo dominicano.

Apoyamos y participamos de la importante expresión cívica y social de la plaza de la bandera, el pueblo dominicano sigue con ansias de transparencia y sanciones a quienes provocaron un hecho infausto que afectó y debilitó el sistema democrático institucional, que a partir de las informaciones financieras publicadas, el país perdió alrededor de 10 mil millones de pesos.

Muy positivo que hemos transcurrido en paz y civilidad. El sistema político dominicano se ha revitalizado y va en tangible proceso de cambio. Continuemos con responsabilidad, empoderamiento y en total aplicación de la Constitución Dominicana, las nuevas normativas electorales 15-19 de Régimen Electoral y 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que disponen una profunda reingeniería en el sistema electoral dominicano, con importantes avances y falencias que debemos superar de forma progresiva.

La pandemia del COVID-19 que afecta al mundo, los necesarios estados de emergencia, toques de queda, en principio total y ahora parcial en la reactivación de la mayoría de las actividades, frente al pánico generalizado, la JCE y los partidos políticos avanzaron en las elecciones presidenciales y congresuales, resultando una necesaria y positiva renovación de la gerencia de las instituciones del país.

La JCE presentó agudas falencias en las funciones de control y supervisión de los actores políticos, sobre todo, coincido con Participación Ciudadana que en su informe del 2 de agosto plantea que la “JCE perdió la oportunidad de constituirse en una verdadera  contención del desbordado abuso del poder, función que le otorgan la Constitución y las leyes”.

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