Emilio José Sánchez Peralta
Santiago de los Caballeros-En uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de la República Dominicana, la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set dejó un saldo devastador: 234 personas fallecidas y casi 200 heridas. Sin embargo, la reciente decisión judicial, lejos de ofrecer justicia y consuelo a las víctimas, ha encendido la indignación nacional.
La jueza Fátima Veloz, encargada de dictar medidas de coerción contra los propietarios del local, Maribel y Antonio Espaillat, optó por no imponer prisión preventiva, alegando su “arraigo” como justificación para dejarlos en libertad bajo otras medidas.
La decisión ha sido interpretada como un nuevo ejemplo de la desigualdad ante la ley y el funcionamiento de una justicia que parece tener dos rostros: uno implacable con los pobres y otro benevolente con los poderosos. No se trata solo de una decisión judicial cuestionable, sino de un mensaje devastador para la sociedad: en la República Dominicana, se puede matar por negligencia a más de 200 personas y aún así no pisar la cárcel, si se tienen los contactos y el apellido adecuado.
El artículo 319 del Código Penal Dominicano es claro: quien cause la muerte de otro por imprudencia, negligencia o violación de reglamentos debe ser castigado con prisión y multa. Y sin embargo, en este caso, no se aplicó la prisión preventiva, ni siquiera por el tiempo que dura una investigación profunda y transparente. ¿Dónde está el respeto por la ley? ¿Dónde está el principio de igualdad?
Este caso hiere la dignidad del pueblo dominicano. La resolución emitida por la magistrada ignoró sistemáticamente los derechos y reclamos de las víctimas. Solo se protegieron los derechos de los imputados, como si los muertos, los heridos y sus familias fueran cifras sin rostro, sin derecho a la tutela judicial efectiva. En un proceso justo, los derechos de ambas partes deben ser ponderados, pero aquí se impuso una visión parcializada, desequilibrada, que raya en la burla.
Lo más grave es que este caso sienta un precedente peligroso y corrosivo para el Estado de derecho. ¿Qué nos está diciendo esta decisión? Que si eres rico, poderoso, con buenas conexiones políticas, puedes actuar con negligencia, provocar una tragedia nacional, y aun así ser protegido por la justicia. Que la impunidad puede revestirse de legalidad con solo encontrar las palabras correctas en un documento jurídico. Y eso, lejos de fortalecer la democracia, la erosiona.
Muchos esperaban que, tratándose de un caso que afectó también a miembros o simpatizantes del partido de gobierno, el PRM actuaría con responsabilidad y marcaría distancia del favoritismo judicial. Pero no. El silencio cómplice y la tibieza institucional confirman lo contrario. Una vez más, el poder económico y político se impone sobre la justicia, alimentando la desconfianza ciudadana y rompiendo el tejido social.
Es necesario recordar que una sociedad sin justicia real no es viable. Lo que está en juego no es solo un fallo judicial más, sino el respeto a la vida humana, la credibilidad del sistema legal y la esperanza de miles de dominicanos que creen aún en el valor de las instituciones.
La ciudadanía no puede, no debe, resignarse. Este caso debe ser revisado, investigado y expuesto ante instancias nacionales e internacionales. La memoria de los 234 fallecidos y los casi 200 heridos exige una respuesta digna, legal y humana. No se trata de venganza, sino de equidad. No se trata de castigar por castigar, sino de reafirmar que en este país la ley es para todos, sin excepción.
Lo ocurrido con el caso Jet Set es, sin lugar a dudas, una vergüenza nacional y una advertencia peligrosa: la justicia dominicana necesita urgentemente una transformación profunda, o continuará siendo una herramienta al servicio del poder, y no del pueblo.
