Editorial

La deseada política de transparencia

La administración del presidente Abinader está empeñada en transitar por el sendero de la transparencia, es decir que todo esté claro y visible. Es lo opuesto a lo oscuro, a lo opaco, a lo que no se ve.

Esta es una promesa de campaña que en su juramentación, el 16 de agosto, el mandatario anunció, pero ya como una política de Estado.

Luego, en un mes de gestión, ha reafirmado esta política en varias ocasiones y ha dado pasos concretos para lograr ese propósito. Nombró a una respetable dama y exvicepresidenta de la República jefa de los aspectos éticos del Gobierno, designó una Procuradora General de la República no partidaria y ha sido claro con el destino que seguirán los funcionarios, sin importar su posición, que desobedezcan las normas éticas a las que se está comprometiendo el Gobierno.

Todos los sectores sociales han alabado y apoyado esta política de Estado, con la esperanza de que su ejecución sea real y que no se convierta, como suele ocurrir en el complejo mundo de la burocracia estatal, en un hermoso proyecto que sucumbe ante las prácticas y los usos del poder político en nuestro país.

Nadie ignora que en este país uno de los principales atractivos de la política partidaria es la oportunidad que ofrece a quienes la ejercen de subir peldaños sociales por la escalera trasera. Por eso tenemos tantos políticos afortunados y tantos que aspiran a ser iguales. El Estado necesita ser liberado de los buitres de la política.

Por eso ha sido tan aplaudida esta política de transparencia, política que ha generado muchas expectativas y esperanza. Falta ahora que sean fortalecidas la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, la Oficina Nacional de Presupuesto y las entidades que desde fuera de la administración pública se dedican a monitorear el uso de los recursos estatales.

Falta, además, que haya una clara política de sanciones. En este aspecto, las unidades del Ministerio Público dedicadas a perseguir los delitos vinculados a la corrupción deben ser dotadas de recursos humanos calificados, de distintas especialidades, y de dispositivos tecnológicos que permitan actuar con rapidez y eficiencia.

La sociedad en su conjunto debe, además, presionar al Congreso Nacional para que los legisladores cumplan con su función fiscalizadora. La política de transparencia debe, pues, ser el primer paso de una larga caminata que lleve a identificar y desmontar el circuito de la corrupción, en el que participan hermanados, en connivencia, gente de dentro y de fuera de los gobiernos. ¡Enhorabuena!

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba