Editorial

La ley y los bienes públicos

La Ley Orgánica sobre el régimen electoral 15-19 sólo compite en dislates con la ley de partidos, debido a que fueron el producto de negociaciones hechas de prisa, a conveniencia de partes.

Con ellas se confirma aquello de que la legislación siempre será un reflejo de determinada correlación de fuerzas sociales, de los conflictos y procesos políticos, sociales y económicos en la sociedad de cada época.

En su momento la Junta Central Electoral (JCE) presentó un proyecto sobre régimen electoral, que quedó sometido a los criterios e intereses de las partes en pugna. Algunos de los conflictos del actual proceso electoral están relacionados con esos manejos.

Ahora cobra vigencia la queja sobre el uso de los recursos públicos en la campaña y las regulaciones previstas en la ley.
En el centro del debate está el Plan Social de la Presidencia de la República, con funciones específicas. La oposición denuncia planes de compras de electrodomésticos y enseres del hogar supuestamente para ser regalados a conveniencia del partido oficial.

Habría que considerar la previsión del artículo 196 de la ley electoral, párrafo I, en el sentido de que no podrán utilizarse las instituciones u órganos del Estado para desde ellos promover candidatos o partidos a cargos de elección popular. Y el párrafo II que excluye de esta prohibición “los programas de asistencia social, ayuda comunitaria o de servicios públicos habituales que estén contemplados en la planificación regular del Estado, los cuales podrán desarrollarse conforme a dicha planificación. No podrán ser aumentados ni los beneficiarios ni los montos asignados a estos”.

En la parte final del párrafo IV del mismo artículo se advierte: “Asimismo, el gobierno central, las entidades públicas descentralizadas y las alcaldías, se abstendrán de realizar programas de apoyo social o comunitario extraordinarios”.

El Plan Social de la Presidencia dice que sus compras se inscriben en su programación habitual y que no puede renunciar a ejecutarla. La queja es que hay un incremento extraordinario.

Las elecciones están a la vuelta de la esquina, a nueve días.
Cualquier factor puede tornarse sensible. El gobierno, como una contribución al proceso, debe acogerse al sentido de prudencia de que ha hablado la JCE.

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