Editorial

La Oxfam tiene razón

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La organización Oxfam ha denunciado luego de hacer un análisis forense del Presupuesto General del Estado, que existen numerosas zonas grises y que veintidós instituciones del Estado han invertido cerca de 80 mil millones de pesos en programas que no tienen planes ni metas, ni muestran sus beneficiarios.

Lamentablemente, es una práctica vieja que se ha exacerbado en años recientes por el abandono del Congreso de su papel fiscalizador de las inversiones públicas.

En los últimos años, el Poder Ejecutivo discute un presupuesto a su discreción y lo envía al Congreso para su aprobación con algunos “caramelos” para convencer a los legisladores. El resultado es que el Congreso actúa como un sello de goma de los manejos del gobierno de turno y se perjudica todo el país, pues el Presupuesto deja de ser un instrumento de desarrollo, las necesidades nacionales no se priorizan y no se analiza el impacto que tendrán los programas sobre la mejoría de la gente. En esa virtud, el Presupuesto ha devenido en una especie de cheque en blanco a favor del Gobierno. Y así no debe ser.

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