La reforma constitucional de Abinader

Por: Rafael A. Escotto

“Cuando se agotan los recursos, los impuestos se recaudan bajo presión. Cuando el poder y los recursos se han agotado, se arruina el propio país.” SUN TZU

Cada vez que se plantea variar la norma constitucional se produce cierto espanto en las instituciones políticas y en los sectores de poder económicos, sobre todo cuando no ha sido revelado o conocido públicamente el alcance y profundidad de la revisión constitucional que se pretende llevar a cabo. Sin embargo, en esta ocasión la propuesta de reforma constitucional no ha sido un «palo acechado». El país tuvo la oportunidad de conocer hace un tiempo el Informe Attali, el cual hacía recomendaciones puntuales sobre las reformas urgentes y necesarias que deben llevarse a cabo para adecuar la sociedad a una democracia con justicia social y para fortalecer los ingresos generales de la nación a través de nuevas tasas impositivas que deben aplicarse a lo que más pueden económicamente y a los que han evadido siempre pagar impuestos.

El prestigioso autor del informe, Jacques Attali, fue consejero del presidente François Mitterrand y el primer director del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. En 1997, a petición del ministro de Educación, Claude Allègre, propuso una reforma del sistema de títulos de educación superior. Entre 2008 y 2010 dirigió el comité gubernamental sobre cómo impulsar el crecimiento de la economía francesa, bajo la presidencia de Nicolás Sarkozy.

El gobierno que contrató los servicios de Jacques Attali (Leonel Fernández Reyna, del entonces Partido de la Liberación Dominicana) para hacer un levantamiento social, financiero y económico de la República Dominicana, no puso en marcha las recomendaciones formuladas por el señor Attali, quizá por la carga política que implicaba poner en ejecución las medidas sugeridas por el experto francés o por miedo a perder liderazgo político. Ahora el expresidente Fernández, en un ataque de pasión desordenada, se opone a lo que vehemente se propuso implementar y no lo hizo. Pienso que el pueblo dominicano no debe comportarse, en este caso, como dijo uno de los mejores poetas ingleses, John Gay, que la mujer celosa cree todo lo que la pasión siguiere.

Sin embargo, el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona se ha dispuesto a llevar a cabo una reforma constitucional bajo la creencia de que ella le asegura al país, por un lado, una democracia basada en una justicia distributiva justa para todos los sectores. Dijo el médico griego Hipócrates que «el paciente debe combatir la enfermedad con el médico». Ahora bien, no sabemos si el impacto de la reforma fiscal será positivo o negativo. Su implementación dirá a qué sector social beneficiará más.

Dejando la parte económica e impositiva que se pretende y yéndonos por el lado de la parte social de la reforma, pensamos que en la medida que cambia la composición de la estructura social de un país es responsabilidad de la inteligencia estatal analizar la actitud o funcionamiento de los grupos sociales y su manera de interacción, sobre todo cuando se cree que a la sociedad han entrado nuevos grupos poblacionales, nacionales y extranjeros.

El estado como tal debe identificar las características o peculiaridades de la población, entre las cuales está su localización, cantidad de personas, distribución por género y por edades. Cada una de estas características se relaciona directamente con actividades de interés común, como las culturales o las económicas.

A los gobiernos les interesa conocer la población por grupos de edades. ¿Por qué y para qué? Porque ello permite analizar diferentes aspectos de la sociedad según las diferentes edades y obligaciones de cada grupo. Su importancia radica esencialmente en que cada uno de ellos presenta necesidades y características particulares que deben ser atendidas y comprendidas.

Tenemos, por ejemplo, que los niños son muy diferentes a los adultos mayores en cuanto a sus necesidades de atención, educación y cuidado. Las instituciones y especialistas deben trazar políticas, programas y estrategias apropiadas para abordar las necesidades específicas de cada grupo. Esto impone la obligación del Gobierno de hacer reformas constitucionales para adaptar ciertos aspectos de esta a la nueva configuración poblacional que tienen que ver con derechos y deberes que posiblemente no están incluidos en la norma vigente. Esto le permite al Gobierno comprender y valorar mejor las dinámicas sociales y culturales que se han incorporado a la estructura social del país. Además, puede contribuir a tomas de decisiones más documentadas y, por tanto, más a tono con la realidad presente.

Las reformas constitucionales no deben posponerse, puesto que aplazarlas para no zaherir ciertos intereses económicos, políticos o sociales de los grupos dominantes sería retardar la mecánica de desarrollo y la responsabilidad social y humana que recae en el gobierno de la República.

En el caso dominicano, resulta fundamental que los directores de la planificación y diseño de políticas públicas consideren las diferencias entre los grupos de edades para poder desarrollar estrategias efectivas que respondan a las necesidades de cada uno de ellos. Por ejemplo, ahora mismo el sistema educativo nacional está siendo presionado desde afuera hacia adentro para que los niños y jóvenes sean beneficiados con políticas educativas y de formación adecuadas y, por otro lado, el sistema de salud también está siendo atacado para que los adultos mayores reciban cuidados de salud y servicios de apoyo para su bienestar, cuyos servicios no están recibiendo como debe de ser.

Cuando se analizan los conceptos que hemos esbozado anteriormente debemos concluir que las reformas a la Constitución que está presentando el Gobierno de Luis Abinader deben ser apoyadas, por ser medidas socialmente responsables y políticamente correctas. Recordemos una frase de Miguel de Unamuno: Solo los apasionados llevan a cabo obras verdaderamente duraderas y fecundas.