La soberanía no puede ser selectiva: la decisión del Sahel reabre el debate sobre la justicia internacional.

Por: Giovanni Matos

La decisión de Burkina Faso, Malí y Níger de iniciar formalmente su retiro de la Corte Penal Internacional (CPI) constituye uno de los acontecimientos geopolíticos más relevantes de los últimos años. Los tres países integrantes de la Alianza de los Estados del Sahel (AES) han puesto en marcha el procedimiento previsto en el Estatuto de Roma para abandonar el tribunal con sede en La Haya, una decisión que se hará efectiva en 2027. La CPI confirmó que el proceso de retiro ya fue formalmente iniciado y que el plazo de un año comenzó a correr tras las notificaciones oficiales.

Más allá de las críticas que puedan formularse contra los gobiernos militares de estos países, existe un debate legítimo que no puede ser ignorado: ¿puede hablarse de una justicia internacional verdaderamente imparcial cuando algunas de las principales potencias del mundo nunca han aceptado someterse a su jurisdicción? Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel no forman parte de la Corte Penal Internacional, circunstancia que durante años ha alimentado cuestionamientos sobre la universalidad y la igualdad en la aplicación del derecho penal internacional.

Los gobiernos del Sahel sostienen que la Corte ha terminado funcionando bajo una lógica de «justicia selectiva», concentrando gran parte de sus actuaciones en países africanos mientras otros conflictos internacionales parecen avanzar con menor capacidad de ejecución. Esa percepción, compartida por diversos sectores políticos del Sur Global, ha erosionado la confianza en instituciones creadas después de la Segunda Guerra Mundial bajo un orden internacional muy distinto al actual. No se trata únicamente de un conflicto jurídico; también es un conflicto político sobre quién ejerce el poder dentro del sistema internacional.

Uno de los argumentos más utilizados por la AES gira en torno a la situación de Gaza. Sus dirigentes sostienen que, pese a las decisiones adoptadas por la CPI respecto del conflicto, la comunidad internacional no ha logrado traducir esas actuaciones judiciales en mecanismos efectivos de cumplimiento. Desde esa perspectiva, la existencia de órdenes judiciales que no pueden ejecutarse termina debilitando la credibilidad del propio tribunal y alimentando la percepción de que existen Estados prácticamente inmunes al derecho internacional.

Resulta difícil sostener que el principio de igualdad ante la ley se encuentra plenamente garantizado cuando las mayores potencias militares y económicas del planeta permanecen fuera del sistema o cuentan con una enorme capacidad política para resistir sus efectos. Esa realidad ha provocado que numerosos países cuestionen si el actual modelo de justicia penal internacional responde verdaderamente a criterios jurídicos o si, en determinados escenarios, termina condicionado por los equilibrios geopolíticos.

Apoyar la decisión del Sahel no implica respaldar la impunidad ni desconocer el enorme sufrimiento de las víctimas de crímenes de guerra. Todo lo contrario. Significa reconocer que la legitimidad de cualquier tribunal internacional depende de que sus reglas sean aplicadas con el mismo rigor para todos los Estados, independientemente de su poder económico, militar o diplomático. La justicia pierde autoridad cuando parece fuerte frente a los débiles y débil frente a los fuertes.

Por supuesto, esta decisión también genera preocupaciones legítimas. Diversas organizaciones de derechos humanos advierten que la salida de estos países podría dificultar el acceso de miles de víctimas a mecanismos internacionales de justicia y reparación, especialmente en una región golpeada durante años por el terrorismo yihadista y los conflictos armados. También recuerdan que la retirada del Estatuto de Roma no extingue automáticamente las obligaciones derivadas de hechos ocurridos mientras los Estados aún eran parte del tratado.

Sin embargo, tampoco puede desconocerse que la soberanía constituye uno de los pilares fundamentales del derecho internacional. Cada Estado conserva el derecho de adherirse o retirarse de los tratados internacionales conforme a los procedimientos establecidos por esos mismos instrumentos. Precisamente eso es lo que han hecho Burkina Faso, Malí y Níger: utilizar un mecanismo previsto por el propio Estatuto de Roma para abandonar la jurisdicción de la Corte, sin recurrir a actos de fuerza ni desconocer las normas del tratado.

Quizás el verdadero desafío no sea condenar automáticamente la decisión del Sahel, sino preguntarse por qué cada vez más países expresan desconfianza hacia determinadas instituciones internacionales. Cuando una organización pierde credibilidad entre quienes debería representar, corresponde abrir espacios de reforma antes que descalificar toda crítica como un simple ataque al orden jurídico internacional.

La salida de Burkina Faso, Malí y Níger no resolverá por sí sola los problemas de África ni pondrá fin al terrorismo que afecta a la región. Pero sí envía un mensaje político de enorme trascendencia: la exigencia de un sistema internacional más equilibrado, menos selectivo y más coherente con el principio de igualdad soberana de los Estados. La verdadera fortaleza del derecho internacional no radica únicamente en la existencia de tribunales, sino en la confianza que los pueblos depositen en ellos. Si esa confianza se erosiona, la comunidad internacional tendrá que decidir si prefiere defender las instituciones tal como existen hoy o emprender las reformas necesarias para que la justicia deje de ser percibida como un privilegio de unos pocos y se convierta, finalmente, en un patrimonio común de toda la humanidad.