Editorial

La Victoria sin su cárcel

La economía dominicana es la de mayor crecimiento en la región como lo afirman las autoridades nacionales y los organismos multilaterales.

Pero el crecimiento tiene la doble cualidad de que es con baja inflación y estabilidad cambiaria y de las tasas de interés.

Hasta aquí República Dominicana tiene un sello de calidad en el Caribe y Centroamérica.

Lo que resulta inexplicable es que con esos niveles de crecimiento sostenido durante los últimos tres lustros, en el país persistan condiciones tan vulnerables para comunidades enteras.

Un ejemplo elocuente de esa doble realidad lo constituye el poblado de La Victoria, en Santo Domingo Norte.

Sus habitantes están en la incertidumbre porque la Penitenciaría Nacional establecida allí en el año 1952 será cerrada para trasladarla a Guerra, en Santo Domingo Este.

El pesar colectivo tiene una sola explicación: la existencia de la cárcel, con sus 9,000 reclusos, es la principal fuente dinamizadora de la “economía” de La Victoria, que se desglosa en pequeños comercios de todo tipo que viven del movimiento de familiares y amigos de los presidiarios.

Aunque la existencia de la cárcel con sus consecuencias negativas porque está desbordada explica lo correcto de la decisión de las autoridades, de construir una nueva en otro lugar, los vecinos aseguran que su cierre significa el quiebre de los ingresos y la pérdida de los puestos de trabajo.

Esta doble realidad, gran crecimiento económico nacional, mientras comunidades enteras dependen del movimiento de efectivo de presos y sus familiares, obliga a diseñar políticas públicas capaces de lograr una mayor inclusión social y estímulo para que la gente pueda emprender negocios dinámicos y productivos.

Veamos en el caso de la cárcel de La Victoria una lección para aprender y en lo que se perfilan soluciones duraderas, algo habrá que hacer para que los habitantes sobrevivan.

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