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RESUMEN
n el tranquilo litoral de Azua, donde el mar era sustento y herencia, la instalación de tres barcazas eléctricas alteró el equilibrio ancestral entre los manglares, la pesca y la comunidad. Lo que comenzó como una medida temporal para evitar apagones se ha convertido en un caso emblemático de impunidad ambiental y colapso institucional.
Ivonne Ferreras
En la costa sur de República Dominicana, en el municipio de Azua, las comunidades de Puerto Viejo y Los Negros han vivido durante generaciones en simbiosis con el mar. Su sustento, su cultura y su identidad se entrelazan con las aguas de la Bahía de Ocoa, refugio de vida silvestre donde los manglares filtran la sal, protegen los nidos y alimentan el ciclo de la pesca.
Pero ese equilibrio, que parecía eterno, se quebró entre marzo y mayo de 2023 con la llegada de dos barcazas de generación eléctrica —la KPS26 y la KPS60— operadas por la empresa Karpowership Dominican Republic S.A.S.
Desde entonces, Los Negros y Puerto Viejo viven una tensión constante. No se trata de un episodio aislado, sino de una secuencia de hechos que definen un conflicto anunciado en aguas protegidas. Lo que fue presentado como una “solución temporal” al déficit energético nacional, ha derivado en una crisis de gobernanza ambiental.
El caso trasciende la vieja dicotomía entre desarrollo y medio ambiente, pues revela presuntas fallas regulatorias, subordinación de la ley a los imperativos del mercado eléctrico y una cadena de impactos ecológicos y sociales que la Academia de Ciencias de la República Dominicana ha documentado con rigurosidad.
La emergencia como argumento
El contexto político ha sido decisivo. Y como si todo lo anterior fuese poco, la justificación oficial para la instalación de una tercera barcaza se ancló en la supuesta urgencia de aumentar la generación eléctrica, lo que derivó en el Decreto 517-25, que declaró de emergencia nacional las compras y contrataciones del sector.
Ese estado de excepción permitió acelerar decisiones y, en la práctica, suspender el escrutinio regulatorio. Así, lo que se concibió como una medida transitoria se consolidó sin pasar por los filtros de evaluación ambiental exigidos por la ley.
