Leonel–Omar 2028: la “monarquía” como fraude conceptual y operación mediática contra la soberanía democrática

La insistencia de ciertos sectores mediáticos en calificar como “monarquía” una eventual fórmula presidencial entre Leonel Fernández y Omar Fernández no constituye un error de análisis: constituye un fraude conceptual deliberado. No estamos ante una interpretación discutible; estamos ante una categoría falsa, construida con fines políticos, destinada a distorsionar el debate público y condicionar anticipadamente la voluntad del electorado.

Desde el punto de vista del derecho constitucional, la tesis es insostenible. Conforme al positivismo jurídico de Hans Kelsen, ninguna restricción a los derechos políticos puede existir fuera del marco normativo vigente. Y la Constitución de la República Dominicana no establece prohibición alguna respecto a vínculos familiares en una fórmula presidencial. Pretender lo contrario es, en términos kelsenianos, producir derecho ficticio: una ruptura abierta del principio de legalidad.

Pero el problema no se agota ahí. Desde el garantismo de Luigi Ferrajoli, la narrativa de la “monarquía” implica una restricción implícita al derecho de participación política sin base legal expresa, violando el principio de reserva de ley y la taxatividad de las limitaciones a los derechos fundamentales. Es decir, no solo es jurídicamente falsa: es antigarantista por definición.

Aún más contundente resulta el análisis desde la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy. No existe colisión de principios constitucionales que justifique limitar la posibilidad de que dos ciudadanos —aunque sean familiares— integren una fórmula electoral. No hay ponderación posible porque no hay conflicto normativo real. Por tanto, la narrativa mediática carece de cualquier forma de racionalidad jurídica.

Sin embargo, el núcleo del problema es político. Como advierte Jeremy Waldron, en una democracia el poder de decisión corresponde al pueblo, no a élites que intentan redefinir las reglas del juego desde fuera del proceso democrático. La imposición de la categoría “monarquía” busca exactamente eso: sustraer al electorado su capacidad de decidir, reemplazándola por un marco de deslegitimación previamente construido.

Y aquí emerge con claridad la advertencia de Alexander Bickel sobre la “dificultad contramayoritaria”: el riesgo de que actores no electos condicionen la voluntad popular. En este caso, no se trata de un tribunal, sino de segmentos mediáticos que operan como poderes fácticos de intervención narrativa, intentando definir de antemano qué opciones son aceptables y cuáles deben ser descartadas.

Seamos directos: lo que ciertos programas de opinión, comentaristas y plataformas digitales están haciendo no es análisis político. Es activismo mediático orientado a bloquear una opción electoral antes de que compita. No presentan argumentos jurídicos porque no los tienen. No presentan análisis comparado porque no les conviene. Recurrren a una etiqueta emocional porque es lo único que les queda.

El contraste es revelador. Donde han existido verdaderas concentraciones de poder —estructuras cerradas, decisiones verticales, control sin competencia interna— esos mismos sectores han guardado silencio. No hubo “monarquía”. No hubo alarma. No hubo escándalo. La indignación no es jurídica: es selectiva. Y la selectividad, en política, siempre revela interés.

Leonel Fernández no necesita legitimación familiar: su trayectoria estatal, su experiencia de gobierno y su proyección internacional son hechos empíricos. Omar Fernández no es un heredero automático: es un actor con legitimidad electoral propia, validada en las urnas. Reducir ambos perfiles a un vínculo sanguíneo no es análisis: es reduccionismo estratégico para anular competencia.

Desde la ciencia política, lo que se configura es una fórmula potencialmente eficiente: articulación entre experiencia acumulada y renovación generacional, capaz de expandir coaliciones y maximizar competitividad electoral. Precisamente por eso genera reacción anticipada. No por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser.

En definitiva, la narrativa de la “monarquía” no supera ningún estándar serio de análisis. Fracasa en Kelsen, vulnera a Ferrajoli, carece de sustento en Alexy, contradice a Waldron y confirma el riesgo advertido por Bickel. No es una categoría jurídica ni política: es un instrumento de intervención en la opinión pública.

Y aquí la conclusión es inevitable: cuando el debate público es sustituido por ficciones interesadas, lo que está en juego no es una candidatura, sino la integridad misma del proceso democrático. Porque una democracia no se degrada solo cuando se manipulan las reglas, sino también cuando se manipulan los conceptos.