Editorial

Ley de extinción de dominio

 

El proceso de organización institucional del Estado de acuerdo al marco jurídico y constitucional de la República, constituye un camino lleno de escoyos y dificultades que tiene su origen en una sociedad que, como la dominicana, se fundamenta en las relaciones humanas informales, las cuales emanan de las relaciones primarias y afectivas, contrario a las relaciones formales de las grandes organizaciones modernas, fundamentadas en la Ley y los procedimientos impersonales no afectivos.

En ese contexto la dinámica cotidiana de los grupos de intereses particulares y especiales, así como los grupos de presión, prefieren canalizar la tramitación de sus objetivos, a través de la red de relaciones primarias, red del “amiguismo”, en vez de confiar en el sometimiento a los procedimientos formales de la burocracia racional. De esa manera la institucionalidad formal del Estado se desvanece frente al tradicional esquema de las redes primarias. Eso es lo que se entiende como la débil institucionalidad del Estado.

El predominio de las prácticas primarias en el Estado, pese a las iniciativas de modernización normativas y tecnológicas que se han introducido, han salido fortalecidas a medida que se fue imponiendo en el país como en todo el mundo, la doctrina económica neoliberal que convirtiera la política no en un servicio público, sino en un negocio privatizado. La función pública ha sido privatizada.

El encuentro de la moder­nización del estado neoliberal y la vieja sociedad primaria ha traído consigo dos resultados: la apropiación privada de los recursos públicos por una buena parte del funcionariado asociado a representantes del sector empresarial; y la apropiación y control de los órganos del Estado por parte de los grupos gobernantes. Para viabilizar esos dos resultados se procedió a flexibilizar la ética del Estado capitalista, lo que ha provocado la corrupción administrativa en una fase ampliada, así como la impunidad para proteger los intereses particulares creados por la nueva clase gobernante así construida.

Atacar esa estructura funcional de la corrupción no basta con judicializar los hechos o casos de corrupción con la finalidad de penalizar esas ilicitudes violatorias de la Ley y la buena moral pública, sino que se hace necesario avanzar en la sanción de la corrupción, mediante un instrumento legal como el que se plantea en el proyecto de ley de “extinción de domino”, que además tiene como objetivo no solo sancionar legal y moralmente a los corruptos, sino que busca que el Estado recupere los bienes y recursos derivados de los actos de corrupción y de cualquier otro ilícito.

Esa penalización económica sería el mayor disuasivo para evitar la corrupción. Con ello, además, el Estado no solo recupera valores que puede orientar para el desarrollo y los planes sociales, sino que fomentaría una nueva mística en el funcionariado, basada en la honestidad, capacidad y el correcto uso de los recursos de todos y en favor de todos.

La ley de extinción de dominio es una perfecta oportunidad para modernizar y formalizar al Estado y a la función pública. Es, pues, una idónea vía para civilizar y moralizar la vida pública dominicana, tal como la concibe el Senador Antonio Taveras Guzmán.

¡Los congresistas deben apoyar y aprobar esta moderna iniciativa legal y civilizatoria!  

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