Licencia para la impunidad: JCE con grifo de financiamiento abierto a partidos y la Cámara de Cuentas sin fiscalizar.

Todo parece indicar que la Cámara de Cuentas, o como la ha bautizado el pueblo simple y sencillo, “la Cámara de Cuentos”, no se preocupa por la fiscalización y manejo de los recursos que otorga el Estado cada año a estas entidades, que, muchas veces, son financiadas con dinero ilícito, que puede conducir a situaciones inesperadas.

Los ejemplos a través de los años, no dejan lugar a dudas. Pero este es un país muy especial, y el órgano oficial encargado de realizar las revisiones, imponer o sugerir controles al respecto cuando se detecta cualquier anomalía, encuentra más interesante realizar los estudios de rigor en otro ámbito, y deja a su cuenta y riesgo el manejo de los fondos públicos que recibe cualquier partido, partidito o movimiento político reconocido por la Junta Central Electoral, y no son pocos.

En un país signado por la corrupción a todos los niveles y ámbitos del quehacer nacional, la falta de controles específicos y determinados para verificar lo que hacen o no estas organizaciones con el dinero que les regala el Estado, gracias a dos legislaciones, que, como muchas otras, solo revelan las debilidades de nuestro sistema legal y cómo se aprovecha el dinero de nuestros impuestos en mantener entelequias partidarias sin control ni fiscalización alguna.

Entre favores y favorecidos te veas

Son muchas y variopintas las voces que, cada cierto tiempo, se alzan para solicitar que se realicen auditorías a los partidos políticos, especialmente instituciones de la sociedad civil, pero todo es como llover sobre mojado, a 17 años ya, de la última auditoría general realizada a los 22 partidos políticos existentes entonces, todavía todo sigue igual o quizá peor, ya que el número de entidades partidarias ha crecido casi al doble desde 2009, fecha de referencia a la actuación fiscalizadora de la Cámara de Cuentas, que, al parecer, no arrojó mucha luz sobre la forma y manera en que se utilizan los fondos “regalados” por el Estado.

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