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Limitación en torno a las PCR podría terminar en los tribunales; Sisalril estudia apelación del CMD.

Hace una semana, el esposo de Juana González presentó síntomas de COVID-19, por lo que acudieron a un laboratorio a realizarse una prueba de detección. En el lugar, optaron por una prueba antigénica, por la que pagaron RD$1,700. El diagnóstico fue positivo, pero la pareja decidió no confirmarlo con una PCR, como establece el protocolo de Salud Pública, para no agotar la única cobertura que le hace su seguro al año. Prefirieron dejar la cobertura para el seguimiento de la enfermedad, y ahorrarse los RD$4,000 que les costaba la PCR.

Aunque Juana (nombre ficticio de la mujer que no quiso identificarse) también desarrolló los síntomas de la enfermedad a pocos días del cuadro de su esposo, se asumió positiva y empezó a medicarse con los mismos medicamentos recetados a su pareja, para ahorrarse el costo de la antigénica, ya que el seguro tampoco se la cubre.

El pasado 16 de abril, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) emitió la resolución 00237-2021, que da continuidad a la 000017 que el 9 de ese mismo mes emitió el Ministerio de Salud Pública para establecer los nuevos criterios para diagnosticar el COVID-19.

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