Los 26 países más pobres del mundo, que concentran 40 por ciento de la población mundial, tienen los niveles más bajos de ayuda internacional desde comienzos del siglo XXI, alerta el Banco Mundial (BM). En un informe publicado el domingo, la institución financiera muestra su preocupación por la lucha contra la pobreza extrema en estos países, que además enfrentan una tasa de endeudamiento récord desde 2006. Estas naciones también sufren las consecuencias cada vez más marcadas del calentamiento global, así como de la inestabilidad política, la inseguridad y la guerra. De acuerdo con el Banco Mundial, los países más pobres dentro de este grupo han sido particularmente impactados por la pandemia, con una disminución de hasta 14 por ciento en su PIB per cápita entre 2020 y 2024. Para alcanzar sus metas de desarrollo, estos países tendrían que destinar el equivalente al 8 por ciento de su PIB anual en inversiones. “Estas economías necesitan de una ayuda adicional externa más importante, directa o indirectamente a través de la AIF (Asociación Internacional de Fomento, filial del Banco Mundial a cargo de los préstamos y donaciones a los países más pobres)”, subrayó Ayhan Kose, economista jefe adjunto del Banco Mundial, citado en el comunicado. En cuanto a estos países, la AIF se ha convertido en la principal fuente de financiamiento externo, mientras que la ayuda ha caído drásticamente hasta su nivel más bajo en 21 años en 2022, el último año con datos disponibles. “Para que estos países salgan de un estado de emergencia crónico y alcancen objetivos esenciales de desarrollo necesitarán acelerar sus inversiones a un nivel sin precedentes y no podrán lograrlo solos”, advirtió el economista jefe del Banco, Indermit Gill. PAÍSES POBRES: LA AYUDA INTERNACIONAL Y EL PAGO DE SU DEUDA Sin embargo, el Banco Mundial apunta que los Estados pobres también pueden actuar ampliando su base impositiva para fortalecer los ingresos fiscales y mejorar la eficiencia del gasto público. Al mismo tiempo ha aumentado la proporción que dedican al pago de su deuda, lo que ha disminuido su impacto, aunque también se han reducido las tasas de interés. Además, las emisiones de deuda se han realizado con mayor frecuencia en monedas extranjeras, como dólares y euros. Los 26 países más pobres tienen una tasa promedio de endeudamiento del 72 por ciento del PIB, con nueve puntos porcentuales más en 2023 y más del 10 por ciento de sus ingresos fiscales para reembolsar los intereses de su deuda. A tenor del Fondo Monetario Internacional (FMI), los países más pobres son: Burundi Sierra Leona Malawi República Centroafricana Madagascar Somalia Sudán del Sur Níger Mozambique Eritrea. N

SANTO DOMINGO.– La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia), María Elena Vásquez Taveras, resaltó el interés mostrado por el presidente Luis Abinader para modernizar la Ley 42-08, marco legal que rige la institución y sus atribuciones en la República Dominicana.

Vásquez Taveras, durante una entrevista en el espacio “Cátedra Jurídica”, que conduce el doctor Manuel Conde, valoró el compromiso del gobernante con cumplir con las recomendaciones que hacen importantes organismos internacionales en favor de la libre competencia en el país.

“El presidente de la República se comprometió a impulsar la actualización de la Ley de Defensa de la Competencia. El proyecto de ley que estamos trabajando, a impulsarlo ante el Congreso Nacional”, indicó la funcionaria.

María Elena Vásquez también destacó el éxito logrado por la entidad en la Semana de la Competencia, donde se desarrollaron múltiples actividades en beneficio de promover una cultura de competencia en la República Dominicana, a los fines de que la población conozca sobre el rol de la institución.

Tres años de logros

La ejecutiva precisó que cuando llegó a la entidad se encontró con un amplio desconocimiento de la población sobre el rol de la institución, y pese a los avances alcanzados en esa dirección, reconoce que hay importantes retos por delante para seguir trabajando.

Dijo que desde Procompetencia están comprometidos con seguir impulsando una cultura de derecho de la competencia en el país, para llevar el conocimiento necesario a la población.

Expuso que para lograrlo se han realizado talleres, conferencias, acuerdos interinstitucionales con nacionales e internacionales, así como otros mecanismos que buscan promover el conocimiento y sensibilizar a la población y a los actores relevantes en materia de competencia y sus conductas.

“Es sumamente importante que la población tenga conocimiento, que denuncie las conductas anticompetitivas. Pero además, que denuncie también (…) que conozca”, refirió.

Sanción histórica

La también catedrática describió como un hito la sanción impuesta a dos empresas por la comisión de prácticas anticompetitivas, destacando que fueron multadas con sanciones que superan los cuatro millones 400 mil pesos cada una.

Indicó que estas sanciones se traducen en beneficio para los ciudadanos, ya que cuando el Estado compra a precios justos en el mercado, se ahorra recursos para invertirlos en medicamentos y otros servicios que ayudan a mejorar la calidad de vida para su población.

Otra de las razones que destaca María Elena Vásquez como beneficio de una buena aplicación de la competencia, es que con la misma se genera mayor equidad, se atrae la inversión extranjera y se garantiza la seguridad jurídica, lo que se traduce en un beneficio social para todos.