Ciencia y Tecnología

Los algoritmos: aliados indispensables en la investigación de ciberdelitos


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Merlin Mateo Sánchez

El desarrollo tecnológico ha transformado la manera en que interactuamos, nos comunicamos y realizamos nuestras actividades cotidianas. Sin embargo, también ha modificado las modalidades de comisión de delitos y, consecuentemente, los mecanismos empleados para investigarlos. En este escenario, los algoritmos informáticos se han convertido en herramientas fundamentales para enfrentar la criminalidad en los entornos digitales.

Mariano Sigman y Santiago Bilinkis, en su obra Artificial: la nueva inteligencia y el contorno de lo humano, establecen una interesante analogía entre las plataformas digitales y los siete pecados capitales. Relacionan Netflix con la pereza; X con la ira; Instagram con la vanidad; LinkedIn con la codicia; Amazon con la gula; Pinterest con la envidia y Pornhub con la lujuria.

Aunque esta comparación resulta provocadora, permite comprender cómo las grandes plataformas tecnológicas utilizan algoritmos para analizar nuestras preferencias, recomendar contenidos y mantener nuestra atención durante gran parte de nuestro tiempo.

Pero ¿qué es exactamente un algoritmo? En términos sencillos, constituye un conjunto ordenado de instrucciones diseñadas para resolver un problema o ejecutar una tarea determinada. En informática, permite procesar grandes cantidades de información y obtener resultados que, mediante procedimientos manuales, podrían requerir semanas o incluso meses.

Esta capacidad representa una oportunidad extraordinaria para los organismos encargados de la persecución penal, particularmente cuando investigan delitos cometidos mediante tecnologías de la información y la comunicación.

Actualmente, los algoritmos permiten analizar direcciones IP, identificar conexiones entre dispositivos, rastrear transacciones con criptomonedas, examinar evidencias digitales y detectar posibles vínculos entre integrantes de organizaciones criminales.

Una de sus aplicaciones más relevantes se encuentra en la investigación de delitos relacionados con el abuso sexual infantil en línea.

Herramientas especializadas como Child Protection System (CPS) e ICAC COPS utilizan mecanismos algorítmicos para identificar posibles intercambios de material de abuso sexual infantil mediante redes peer-to-peer (P2P), que permiten compartir archivos directamente entre dispositivos conectados.

Estos sistemas pueden identificar archivos previamente conocidos mediante valores hash, una especie de huella digital informática que permite comparar contenidos y verificar coincidencias.

Asimismo, pueden proporcionar información técnica relevante, como direcciones IP, fechas, horarios e identificadores de archivos. Estos datos permiten orientar diligencias investigativas, aunque requieren comprobaciones adicionales para identificar a las personas involucradas y determinar eventuales responsabilidades penales.

Otra experiencia significativa corresponde al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (National Center for Missing & Exploited Children, NCMEC), organización que administra CyberTipline, una plataforma destinada a recibir reportes sobre presuntos casos de explotación sexual infantil.

Empresas tecnológicas como Meta y Google utilizan sistemas automatizados para detectar determinados contenidos potencialmente relacionados con estos delitos y remitir reportes al NCMEC, conforme a sus procedimientos y obligaciones legales.

En particular, tecnologías como PhotoDNA permiten identificar imágenes previamente conocidas de abuso sexual infantil mediante huellas digitales perceptuales, incluso cuando determinados archivos han experimentado modificaciones.

Los reportes recibidos pueden contener información sobre la plataforma utilizada, fechas de los acontecimientos, datos de usuarios, contenidos digitales y registros de conectividad. Posteriormente, estos elementos pueden contribuir a investigaciones desarrolladas por las autoridades competentes de distintos países.

Lo verdaderamente trascendente es que los algoritmos permiten descubrir posibles actividades delictivas que difícilmente serían identificadas mediante procedimientos tradicionales, especialmente cuando existen millones de archivos, comunicaciones o transacciones que examinar.

Sin embargo, su utilización plantea importantes desafíos jurídicos. Los resultados producidos por herramientas automatizadas no constituyen, por sí mismos, pruebas concluyentes de responsabilidad penal. Deben ser corroborados mediante actuaciones investigativas, respetando la cadena de custodia, el derecho de defensa y las garantías del debido proceso consagrado constitucionalmente.

Por otra parte, los algoritmos también desempeñan un papel esencial en la tecnología blockchain, utilizada como infraestructura para numerosas criptomonedas, incluido Bitcoin.

Las funciones criptográficas, las firmas digitales y los mecanismos de consenso permiten verificar transacciones y proteger la integridad de los registros distribuidos. Paralelamente, herramientas especializadas utilizan algoritmos para analizar movimientos de criptoactivos y establecer posibles conexiones entre direcciones digitales relacionadas con actividades ilícitas.

Este escenario adquiere especial relevancia frente al lavado de activos, las estafas informáticas y otras manifestaciones de criminalidad que utilizan criptomonedas para movilizar recursos económicos.

No obstante, el próximo gran salto tecnológico en las investigaciones penales estará determinado por la combinación de los algoritmos con la inteligencia artificial.

Mediante sistemas de aprendizaje automático será posible identificar patrones criminales complejos, correlacionar enormes volúmenes de información y descubrir relaciones que podrían pasar inadvertidas para los investigadores.

Esta evolución exigirá profesionales capacitados, herramientas confiables y mecanismos rigurosos de supervisión humana, capaces de prevenir errores y proteger los derechos fundamentales.

En definitiva, el futuro de la investigación de ciberdelitos estará marcado por la convergencia entre algoritmos, inteligencia artificial y blockchain. Estas tecnologías no deben sustituir el razonamiento jurídico ni el criterio del investigador, sino potenciar sus capacidades.

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