Opinión

Los efectos vinculantes de la Jurisdicción Constitucional

En el desarrollo de este artículo abordaremos la temática del poder vinculatorio de las decisiones

del Tribunal Constitucional, en el ejercicio del control concentrado de constitucionalidad, para

esto es necesario conocer el significado de esa vincularidad. En ese sentido, una expresión que

sirve de referencia conceptual a este tema es la tesis planteada de la stare decisios, que es la

abreviatura de la locución latina stare decisis et quieta non movere, que se traduce como estar a lo 1

decidido y no perturbar lo ya establecido . En la práctica jurídica, a partir de esta locución se ha creado una doctrina jurídica que caracteriza mayormente al sistema jurídico Commun Law, donde las decisiones judiciales se fundamentan en el respeto a las decisiones precedentes. Para la Corte Constitucional de Colombia, un precedente consiste en:

“(…) aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver, que, por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico, debe considerar necesariamente un Juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia” 2

En ese orden, esto en los preceptos constitucionales de Latinoamérica es común, es decir, que es una ramificación de la influencia que ha sido agregada, con algunos matices al sistema civilista que identifica a los sistemas jurídicos desarrollados a partir de la práctica europea, como es el nuestro.

En ese aspecto, las disposiciones del artículo 184 de nuestra Carta Magna, asimismo, los artículos 7.3 y 31 de la Ley núm. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional, se concibe que las decisiones nacidas de nuestro Tribunal Constitucional como órgano supremo del control constitucional se toman como precedentes de jurisprudencia dominicana. Del mismo modo, estos precedentes condicionan la labor jurisdiccional, aunque no de forma coercitiva como se muestra en la dinámica del commun law, sino más bien como ejes reguladores de una decisión.

Por otro lado, el stare decisis es adoptado como un elemento fundamental en nuestra jurisdicción constitucional, no es una acomodación forzosa de sistemas jurídicos extranjeros, ya que, cuando el juzgar hace uso de un precedente para fundamentar sus decisiones, lo que está haciendo es dar continuidad al contenido de la normativa constitucional, por consiguiente el contenido del precedente se origina de manera directa o indirecta de la Constitución, pues el Tribunal Constitucional es el garante de la Constitución y sus decisiones se fundamentan de una interpretación directa de la misma.

En ese mismo escenario, y de acuerdo con lo expresado por la Corte Constitucional de Colombia los precedentes operan como garantía de seguridad jurídica y da coherencia al ordenamiento jurídico, de protección a los derechos fundamentales y libertades ciudadanas, preserva el valor supremo de la igualdad, ejerce un control de la actividad judicial. En materia de derechos humanos, estas garantías concedidas por los precedentes son todavía más relevantes. En tal sentido, se pudiera afirmar que los precedentes facilitan a los juzgadores la aplicación de las pautas del debido proceso, que tiene su fundamento en el artículo 69 de la Constitución Dominicana.

1 Legarre y Rivera, 2006.
2 Corte Constitucional de Colombia, (2006).

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Sin embargo, es oportuno aclarar que los precedentes no poseen un valor absoluto o un cumplimento obligatorio como se presentan, en términos generales, en los sistemas propios del commun law (Londoño, 2007), sino que dependen, en muchos casos de la naturaleza de la casuístico. En torno a ese punto, Dermisaki plantea que la Stare decisis está condicionado, por un lado, a la analogía de los hechos controvertidos con el o los precedentes y, en segundo lugar, a las condiciones o coyuntura de los tiempos (el actual y el pasado), ya que, pese a la similitud de dos situaciones jurídicas, pudiera ocurrir que las circunstancias actuales difieren tanto de las que

motivaron el precedente y que motiven, en consecuencia, otro tipo de solución

Asimismo, sobre esa cuestión el legislador dominicano ha establecido en el artículo 31 de la referida Ley núm. 137-11 párrafo 1, que “ Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartarse de su precedente, debe expresar en los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión las razones por las cuales ha variado su criterio” es decir, que de esta manera queda por sentado la no obligatoriedad del stare decisis, del mismo modo reconoce su importancia, por consiguiente el abandono de parte del juez, de los precedentes con relación a un caso, no resulta gratuito, toda vez que debe ser el resultado de una decisión motivada en la que se expliquen detalladamente las razones por las cuales no se utilizaron los precedentes existentes.

Con relación a lo referente a los efectos del stare decisis, los referidos autores Legarre y Rivera exponen que esta doctrina admite dos variantes fundamentales: stare decisis horizontal y stare decisis vertical. El primero hace referencia a la obligatoriedad de los tribunales de seguir los precedentes, mientras que el vertical señala la obligación de los tribunales de seguir los precedentes de los tribunales de jerarquía superior.

Actualmente, en el caso de la República Dominicana, la jerarquía jurisdiccional del control concentrado de constitucionalidad lo posee el Tribunal Constitucional, por lo tanto (stare decisis vertical). Pero al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional debe hacer uso de sus propias decisiones como precedentes de su futura labor jurisdiccional (stare decisis horizontal).

Finalmente, en termino general, podría afirmarse que los efectos de los precedentes enriquecen la labor judicial, además los mismos constituyen una guía que facilita la aplicación de las reglas del debido proceso que tienen su fundamento en el artículo 69 de la Constitución, garantiza los principios de igualdad y la seguridad jurídica, el precedente ampara valores y principios de extraordinaria significación para la aplicación de estos derechos, puesto que el ciudadano precisa de tener la certidumbre de que el Estado y los particulares deben conducirse acorde al derecho y que los órganos encargados de aplicarlos lo harán valer cuando se produzca una infracción. Asimismo, la invocación de los principios de igualdad y seguridad jurídica como fundamento del carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional presupone un elemento fundamental de la supremacía de la Constitución como expresión viva de la voluntad del pueblo.

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3 (Dermisaki, 2009)

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