Una situación calamitosa, un problema de salud pública y por tanto de Estado, que necesita correctivos diferentes a los que se aplican, porque tiene muchos años.
Más justificación y ganas de desviar la atención es cuando las propias autoridades alegan que si sacamos el componente “motores” de las muertes en accidentes viales, estaríamos entre los de menos muertes, porque solo el 7.5% involucra automóviles y la mortalidad en yipetas es de apenas 2.5%.
Un renglón en el que las autoridades tiraron la toalla es el Plan de Registro de Motocicletas, que permitió identificar, con muchos esfuerzos y varios plazos de por medio a 841,259 motociclistas de un total de 3,063,704.
Lo preocupante, con 2.2 millones de motocicletas que circulan sin registro, es la afirmación de Hugo Beras, director del Intrant: la identificación es el paso previo a fiscalizar para sancionar a quienes cometan infracciones de tránsito. Por tanto, agrega: “No se puede actuar, sancionar ni establecer un régimen de consecuencias”.
O sea, no pueden siquiera identificar y regularizar el parque de motocicletas, una simple medida que daría más control sobre estos vehículos tan asociados también a diversos delitos.
Algo habrá que hacer, como dice el pueblo, con el “muerto ahorita”.
Las autoridades no debieran rendirse, sino asumir que su función no es solo comunicar cifras trágicas y mucho menos tratar de sacar el problema de la ecuación.
