Más de RD$12,000 millones después, la Cámara sigue sin rendir cuentas

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RESUMEN
Reportaje. La Cámara de Cuentas no es una entidad accesoria. Es el órgano constitucional de control externo llamado a revisar cómo se recauda, se gasta, se registra y se reporta el dinero público. Debe producir información oportuna y verificable, presentar informes al Congreso Nacional y activar las vías correspondientes cuando sus hallazgos revelan responsabilidades o indicios penales.
La Ley 10-04, de 2004, instituyó el Sistema Nacional de Control y Auditoría. Dos décadas después, la Ley 18-24 derogó esa norma y creó el Sistema Nacional de Control y Fiscalización, reforzando la autonomía presupuestaria de la Cámara al disponer que su presupuesto no podrá ser inferior al del año anterior y que su aumento deberá ser congruente con la inflación acumulada.
Durante la última década, los contribuyentes dominicanos han financiado con más de RD$12,000 millones a la institución encargada de vigilar los recursos públicos. Sin embargo, entre auditorías inconclusas, presupuestos subejecutados, conflictos internos, crecimiento acelerado de la nómina y resultados difíciles de medir, permanece una pregunta: ¿cuánto ha recuperado o protegido para el Estado y qué valor real ha generado para la sociedad?
Tres presidencias, una misma sombra
La historia reciente reúne tres gestiones consecutivas —una allanada, otra paralizada y una tercera que arrastra trabajos iniciados y no concluidos, aunque también más costosa— dentro de una institución lenta y con resultados que todavía no pueden medirse plenamente.





