Editorial

Mejor tarde que nunca

Llega con diez meses de retraso el decreto del presidente Luis Abinader que restringe los viajes al exterior, compra de vehículos de lujo, remodelaciones de alto costo, agasajos, celebraciones, donaciones y obsequios en la Administración pública.

Esas medidas, incluida la prohibición de usar vehículos oficiales durante los fines de semana, de franqueadores y la reducción en al menos un 50% de policías y militares asignados a instituciones y particulares, debió emitirse en los primeros días después de la juramentación del jefe de Estado, el 16 de agosto de 2020.

El presidente Abinader recibió un gobierno con la economía colapsada a causa del surgimiento de la covid-19, cuyo Producto Interno Bruto (PIB) se precipitó a un -29.4%, con un millón 114 mil trabajadores formales suspendidos por sus empleadores, por lo que ese era el momento oportuno para restringir el gasto.

Se resalta que en el decreto 396-21 se prohíben los viajes al exterior de servidores públicos que no cuenten con autorización previa, lo que pondría fin a salidas recurrentes de no pocos ministros, viceministros y directores generales que tenían siempre un pie aquí y otro en el extranjero.

En momentos de crisis pandémica y afectación económica se saluda el interés del mandatario en desalentar el dispendio en que incurren algunos funcionarios muy acostumbrados a regalar lo que no es suyo, la mayoría de las veces para beneficiar a los suyos.

El uso indiscriminado de franqueadores por ministros y funcionarios subalternos es herencia del pasado que todavía irrita a la ciudadanía cada vez que un franqueador detiene el tránsito para ceder paso a algún petulante sin motivo de urgencia ni emergencia.

Aunque con prolongado retraso, el decreto presidencial que establece reducciones en diversos gastos en la Administración pública, además de retornar a los cuarteles al 50% de policías y militares en funciones de servidumbre, se acoge como bueno y válido.

Esa disposición se asume también como un buen mensaje del Poder Ejecutivo en víspera del inicio de la discusión en el Consejo Nacional de Desarrollo en torno a la aprobación de un pacto fiscal que entraría en vigencia en 2022. Es mejor tarde que nunca.

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