Milei busca obtener amplias facultades para gobernar una Argentina en «emergencia»
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RESUMEN
BUENOS AIRES. – El presidente de Argentina, Javier Milei, busca obtener amplias facultades para gobernar mediante un proyecto de ley remitido este miércoles al Parlamento y que, de aprobarse, le permitirá tomar decisiones sin necesidad de aval legislativo bajo el paraguas de una declaración de «emergencia pública» que podría extenderse hasta el final de su mandato.
El denominado proyecto de ley de «bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos» declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025, plazo que podrá ser prorrogado por el Ejecutivo por otros dos años, es decir, hasta el final del mandato de Milei, quien asumió la Presidencia el pasado 10 de diciembre.
La iniciativa implica la delegación de funciones legislativas al Ejecutivo en virtud de la declaración de «emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social».
La Constitución Nacional de Argentina, reformada por última vez en 1994, prohíbe en su artículo 76 la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, «salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca».
El derrotero de este proyecto de ley en el Parlamento es incierto: la formación de ultraderecha de Milei, La Libertad Avanza, tiene una mínima representación legislativa, pero tiene como aliada a buena parte del frente de centroderecha Juntos por el Cambio, con fuerte peso en ambas cámaras del Congreso.
El Ejecutivo alega que promueve esta ley «con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853», «en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos».
Como «principios y propósitos» de la ley se colocan «la promoción del derecho fundamental a la libertad individual» sin «injerencias indebidas» por parte del Estado, la «protección de los habitantes y de su propiedad privada» y la «profundización de la libertad de mercados».
