Movimiento Unidos Somos Más reclama ley que prohíba la minería metálica en la Cordillera Septentrional

Santiago de los Caballeros.— El Movimiento Unidos Somos Más reiteró su compromiso de impulsar garantías jurídicas que impidan la explotación minera en la Cordillera Septentrional, al considerar necesario que tanto el Gobierno como el Congreso Nacional establezcan instrumentos legales que protejan este importante sistema montañoso.

La organización señaló que, aunque existe un compromiso verbal del presidente de la República sobre la no explotación minera en la zona, considera necesario que esa posición sea respaldada mediante un instrumento legal aprobado por el Congreso Nacional. En ese sentido, demandó la aprobación de una ley que prohíba la minería metálica y reconozca el valor ecológico de la Cordillera Septentrional y la necesidad de garantizar su conservación.

Unidos Somos Más sostuvo que estas garantías también deben extenderse a cualquier actividad que pueda poner en riesgo la integridad y estabilidad ambiental de la Cordillera Septentrional, por lo que reclamó que se cumplan los procedimientos establecidos por la legislación ambiental dominicana.

En ese contexto, el movimiento exigió la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental para el proyecto denominado Autopista del Ámbar, con el propósito de determinar, mediante estudios técnicos y científicos, sus posibles efectos sobre el entorno natural y social y las medidas necesarias para garantizar su sostenibilidad ambiental.

La organización recordó que había solicitado al presidente de la República la integración de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y la Comisión Ambiental de la UASD al proceso de evaluación, por considerar que ambas instituciones cuentan con credibilidad y experiencia en materia científica y ambiental, solicitud que, según afirmó, todavía no se ha concretizado.

Asimismo, indicó que las Evaluaciones de Impacto Ambiental forman parte del ordenamiento jurídico dominicano y deben ser respetadas como mecanismo para identificar, prevenir y reducir los posibles daños ambientales y sociales de cualquier proyecto, incluyendo la aplicación de las correspondientes medidas de compensación ambiental cuando sean necesarias.

Finalmente, el movimiento afirmó que las vistas públicas deben realizarse una vez concluidos los Estudios de Impacto Ambiental, los cuales, según sostuvo, todavía no han comenzado. En ese sentido, explicó que los encuentros realizados recientemente corresponden a jornadas de socialización del proyecto, las cuales pueden contribuir a su conocimiento, pero no sustituyen las vistas públicas como mecanismo de participación y gestión socioambiental.