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MP solicitó 8 meses de prisión contra ejecutivos de Coopegas

SANTIAGO. – El Ministerio Público solicitó al juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial, la imposición de 8 meses de prisión preventiva, en contra de cuatro ejecutivos de Coopegas acusados de homicidio involuntario.

El magistrado Francisco Núñez, titular del MP dijo que también solicitó que el caso sea declarado complejo, debido a la gravedad de los hechos endilgados al presidente, gerente de Operaciones, gerente general y encargado local de Coopegas, quienes guardan prisión en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia.

Núñez dijo que el interés del Ministerio Público es demostrar la comisión de los delitos e ilícitos que componen el expediente, los que entre fallas mecánicas y errores humanos, provocaron la muerte de 11 personas, heridas a otros dos, daños a viviendas y secuelas psicológicas en Limonal, tras la explosión e incendio en la envasadora, el pasado 3 de octubre.

“El juez valorará los medios probatorios. Nosotros vamos a demostrar el ilícito de la negligencia”

Los abogados Mayovanex Reyes y Winston Vásquez Valera, representantes legales de cinco de las familias afectadas, dijeron esperar que haya un régimen de consecuencias que pueda, al menos en materia de justicia, resarcir el daño provocado a las víctimas, sus familias y la comunidad.

Reyes, reiteró que los muertos no tienen precio, al rechazar el supuesto ofrecimiento que realizara la empresa, en busca de pagar con dinero su responsabilidad en los hechos.

“Las víctimas no tienen precio. Nos llamó la atención que Coopegas dijo que iba a pagar por las víctimas, como si fueran pollos, las víctimas no tienen precio; con esto no se le puede impedir que accionen ante los tribunales”.

El abogado agregó que además de la demanda penal, hay también una civil que ha sido sometida ante la Cámara Civil y Comercial de este distrito judicial. 

El poder frente a la prueba

Vásquez reconoció que el caso envuelve el aspecto de la élite, ya que se trata de personas que tienen influencias y poder económico, pero advirtió que frente a la Justicia se aplica el derecho y el debido proceso.

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