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RESUMEN
La acusación está contenida en la solicitud de medida de coerción de 525 páginas presentada contra 25 personas, entre exempleados de SeNaSa, médicos y particulares, arrestadas durante la denominada Operación SeNaSa 2.0-A.
Los titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y Mirna Ortiz, sostienen que los imputados conformaron una estructura criminal que utilizaba información privilegiada y el conocimiento de los protocolos internos de la aseguradora estatal para ejecutar distintas maniobras fraudulentas.
De acuerdo con la instancia judicial, los involucrados seleccionaron estratégicamente perfiles de afiliados con un bajo historial de interacción institucional para reducir el riesgo de que las operaciones fueran detectadas.
A partir de esos datos, generaban autorizaciones médicas y reclamaciones a nombre de afiliados que posteriormente declararon no haber recibido los servicios facturados. En algunos casos, los afectados afirmaron que ni siquiera conocían a los médicos vinculados a los reclamos.
Utilizaban nombres falsos
Los fiscales afirman que los miembros de la presunta estructura utilizaron nombres ficticios, entre ellos Pedro Martínez, Ángel Beltré y Amauris Gutiérrez, al momento de comunicarse con el centro de llamadas de SeNaSa para solicitar autorizaciones.
El órgano acusador señala que también empleaban códigos reales de médicos que formaban parte del grupo, quienes habrían recibido beneficios económicos a cambio de permitir el registro de consultas y procedimientos ficticios.
