SANTO DOMINGO.-Una coalición de organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia Unida y el sector empresarial depositó formal objeción en contra el Instructivo No.0000002 de fecha primero de septiembre del 2023, publicada por la Procuraduría General de la República Dominicana, alegando que es inconstitucional.
Por igual denunciaron Germán Brito impone la aceptación de la orientación sexual al obligar a los agentes a dirigirse a las personas según el sexo con que se perciban cuando sean detenidos.
De manera especial resaltaron que la Constitución prohíbe determinantemente incentivar situaciones de privilegio, lo cual se confirma con el trato especial que el referido Instructivo impone a los agentes del orden.
Por igual, argumentaron que con la norma propuesta se viola el derecho a la tutela judicial y el debido proceso, ya que la Constitución sólo reconoce como sujetos de derecho al hombre y la mujer.
Argumentaron que de acuerdo a la Constitución Dominicana no existen otros géneros o sexos que no sean el masculino y el femenino y por consiguiente todos los organismos de poder del país deben acatar dicho mandato.
Criticaron que por décadas, reconocer la orientación sexual como derecho, ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, el Congreso Nacional y el pueblo dominicano, siendo el Código Penal el instrumento legal donde dicho rechazo ha sido ejemplificado en los últimos años.
Por igual, rechazaron toda imposición de la Agenda LGBT y la Agenda 2030 en el país y las instituciones públicas. Afirmaron que la imposición de la PGR y la Magistrada Miriam German, responde a estas agendas que no han sido aprobadas por ningún dominicano.
Recordaron que la comunidad LGBT mantiene una presión apoyada por el Poder Ejecutivo y organismos internacionales como la ONU, OEA y PNUD, para imponer la ideología de género de manera obligatoria en las leyes dominicanas.
Afirmaron que siempre han trabajado por la aprobación de marcos legales para la lucha contra la criminalidad, la violencia ciudadana y el respeto a los derechos constitucionales, dentro del marco constitucional.
