Organizaciones exigen cerrar el ciclo de apatridia tras 13 años de sentencia 168-13

Santo Domingo.- Trece años después de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, organizaciones sociales vuelven a poner sobre la mesa la situación de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que, según denuncian, todavía enfrentan obstáculos para obtener documentos, ejercer plenamente su nacionalidad y vivir con seguridad jurídica.

El pronunciamiento, divulgado este 22 de septiembre bajo el lema «La nacionalidad no se borra: se garantiza», sostiene que las consecuencias de aquella decisión continúan afectando a personas nacidas en República Dominicana y plantea el cierre definitivo de lo que califican como un ciclo de desnacionalización, apatridia, inseguridad documental y discriminación.

Las organizaciones recuerdan que entre 1929 y la entrada en vigor de la Constitución de 2010 el orden constitucional dominicano reconocía el principio de jus soli, con las excepciones establecidas en las propias constituciones. Afirman que bajo ese régimen nacieron generaciones de dominicanos de ascendencia haitiana que fueron inscritas en el Registro Civil y, en numerosos casos, recibieron documentos expedidos por el Estado.

Según el documento, la Sentencia 168-13 introdujo una nueva interpretación del régimen de nacionalidad cuyos efectos alcanzaron a personas nacidas décadas antes. Para los afectados, sostienen las organizaciones, esto significó una ruptura de la seguridad jurídica sobre una condición que había sido reconocida.