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RESUMEN
El reconocido experto, miembro desde 1997 de la Academia de Ciencias, y que también fue consejero científico de la Comisión Nacional para el Medio Ambiente (1987-1997). recordó que cuando en 1982 la Alcoa Exploration Company se retiró voluntariamente de la República Dominicana, y entregó al Estado dominicano sus instalaciones y sus derechos mineros sobre las bauxitas y piedras calizas de Cabo Rojo, Las Mercedes y El Aceitillar, el Gobierno, por sugerencia del ingeniero Ramón Alburquerque, sometió al Congreso Nacional la propuesta de convertir esa zona en 2 parques nacionales.
«En la costa el Parque Nacional Jaragua (bosque seco, con cactáceas), y en la sierra el Parque Nacional Sierra de Bahoruco (bosque nublado, con pináceas), los que desde 1983 pertenecen al SINAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas)».
Aseveró que, para modificar los límites de cualquier parque nacional perteneciente al SINAP, es obligatorio que el Congreso Nacional conozca, en ambas Cámaras y en vistas públicas, la propuesta de modificación de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (202-04), «siempre que el país considere que hay razones de fuerza mayor y de comprobado interés nacional que pueda beneficiar a todo el país, tanto en el presente como en el futuro».
Un tribunal contencioso-administrativo no puede dictaminar la modificación y reducción en 12 millones de metros cuadrados de un parque nacional del SINAP, sin que el Congreso Nacional haya conocido y aprobado modificación a la Ley 202-04 para excluir áreas contenidas dentro de los límites de ese determinado parque nacional, y sin que el Poder Ejecutivo haya promulgado la nueva Ley que modifica la Ley sectorial de Áreas Protegidas 202-04, alertó De León.
Dijo que modificar leyes es potestad exclusiva del Congreso Nacional, conforme al artículo 93 de la Constitución de la República Dominicana.
En ese orden, recordó que interés ambiental nacional siempre ha de estar por encima de cualquier interés económico familiar, y es el país, quien debe decidir, cuándo, porqué, y cómo, modificar sus áreas protegidas, pero siempre en base a estudios científicos sobre flora, fauna, suelos, y aguas, respetando nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, así como respetando los convenios internacionales que el país ha firmado en procura de proteger nuestros recursos naturales sensibles y frágiles, los que incluyen los recursos naturales costeros-marinos.
