Panthera 7: Implicados podrían enfrentar 15 mil MM en multas y 30 años cárcel.

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RESUMEN
Imputados del caso Panthera 7, de ser encontrados culpables en un juicio de fondo, podrían ser condenados al pago del valor de las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en el Puerto Multimodal Caucedo que provisionalmente se fijó en 220 millones de dólares, equivalentes a más de 15 mil millones de pesos.
También podrían enfrentar una pena de hasta 30 años de prisión, según establece la Ley 50-88 Sobre Drogas y Sustancias Controladas.
El valor estimado de este cargamento de cocaína, decomisado en dicha terminal portuaria, asciende a 250 millones de dólares en el mercado internacional.
Normativa
El párrafo tercero del artículo 75 de la referida ley estatuye: “Cuando se trate de patrocinadores, se sancionará a la persona o a las personas procesadas, con prisión de treinta (30) años, y multa no menor del valor de las drogas decomisadas o envueltas en la operación”.
Patrocinador es la persona que financia las operaciones del tráfico ilícito, dirige intelectualmente esas operaciones, suministra el equipo de transporte o dispone de cualquier medio que facilite el negocio ilícito.
Cuando se trate de traficantes, se sancionará a la persona procesada, con prisión de cinco (5) a veinte (20) años, y multa no menor del valor de las drogas decomisadas o envueltas en la operación, pero nunca menor de cincuenta miI pesos (RD$50,000.00).

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Con respecto a los distribuidores o vendedores, así como de intermediarios, se sancionará al procesado con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de diez mil (RD$10,000.00) a cincuenta mil pesos (RD$50,000.00).
Cuando se trate de traficantes, se sancionará a la persona o los cómplices en cada caso con la pena inferior, pero en el caso de simple posesión, se le impondrá, las mismas penas que al autor principal.
Añade que las sumas provenientes de las multas impuestas por las violaciones a la presente Ley, los derechos de los certificados de inscripción pagados, así como el producto de las ventas de los bienes incautados, serán destinadas para financiar las actividades de las instituciones públicas y privadas establecidas.
Todo ello, con el objetivo de desarrollar e implementar programas de prevención, rehabilitación y educación, contra el uso, abuso, consumo, distribución y tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas en la República Dominicana, así de entidades establecida para implementar programas de salud.





