Partidos podrían perder financiamiento público, si incumplen controles sobre aportes y auditorías.
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RESUMEN
Por Raúl Germán Bautista.- Las próximas elecciones representarían un reto significativo para los partidos políticos en materia de financiamiento, tanto por los recursos que reciben directamente como por aquellos manejados por dirigentes y candidatos.
El proyecto de ley para la integridad, el control del financiamiento y la prevención de la infiltración de personas y recursos vinculados a actividades ilícitas en la política, aprobado en primera lectura por el Senado, podría impactar las finanzas de las organizaciones políticas mediante restricciones a los recursos que reciben de la Junta Central Electoral (JCE).
La iniciativa incorpora nuevos artículos a la eventual modificación de la Ley de Partidos, No. 33-18, que establece limitaciones al financiamiento público de las organizaciones que incurran en violaciones a la normativa.
Entre las infracciones figura la recepción de contribuciones prohibidas o ilícitas, así como aportes cuya procedencia u origen lícito no pueda ser determinado mediante los procedimientos de debida diligencia y trazabilidad exigidos por la ley y sus reglamentos.
