PEPCA solicita 18 meses de prisión preventiva contra 25 imputados por presunto fraude a Senasa

La solicitud, denominada “Cobra 2.0-A” y contenida en un expediente de 525 páginas, también pide que el proceso sea declarado complejo por la cantidad de hechos investigados, las posibles víctimas y el número de implicados.

Según el Ministerio Público, entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025 fueron tramitadas 4,363 autorizaciones presuntamente fraudulentas, correspondientes a cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas, por un monto acumulado de RD$41,125,551.02.

La investigación comenzó luego de una denuncia presentada por Senasa el 28 de noviembre de 2024. La institución reportó supuestas irregularidades en autorizaciones de procedimientos, consultas especializadas y otros servicios que posteriormente no fueron reconocidos por los afiliados.

De acuerdo con el expediente, la presunta estructura habría estado integrada por personas relacionadas con Senasa, exempleados y profesionales de la salud.

La PEPCA sostiene que supuestamente utilizaron información de afiliados sin su consentimiento, códigos reales de prestadores, identidades ficticias y formularios con firmas presuntamente falsificadas para solicitar autorizaciones y cobrar servicios médicos que no habrían sido prestados.

Entre las irregularidades señaladas figuran reclamaciones sin expedientes clínicos ni documentos de respaldo, procedimientos desconocidos por los afiliados y consultas ginecológicas colocadas en los registros de pacientes masculinos.

El órgano acusador afirma que parte del dinero obtenido habría sido distribuido mediante transferencias bancarias entre integrantes de la supuesta red.

Imputados: Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.

La calificación jurídica presentada por el Ministerio Público es provisional e incluye presunta estafa contra el Estado, asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, delitos de alta tecnología, infracciones a la Ley de Seguridad Social y lavado de activos.

La PEPCA argumenta que la prisión preventiva resulta necesaria ante los alegados riesgos de fuga, alteración de pruebas y obstrucción de la investigación. Corresponderá al tribunal evaluar los elementos presentados y decidir las medidas aplicables.