Editorial

Poca acción a favor de la vida

La aniquilación brutal e instantánea de cuatro miembros de una familia en Brisas del Edén, en Santo Domingo Este, reafirma que la vulnerabilidad de las mujeres en peligro mortal proviene de fallas básicas en mecanismos que existen para protegerlas.

En este caso en particular primó negligencia e insensibilidad en autoridades que debieron actuar. Prejuicios y notable incapacidad para discernir ante testimonios de que alguien estaba decidido a matar con saña a su expareja y tres familiares.

El tratamiento a la querellante Leyda Vicente Sánchez, que finalmente hizo posible una matanza, fue casi de burla, según relatos de más de un testigo.

La aterrorizada mujer, blanco anteriormente de múltiples amenazas directas a su vida y maltratos, recibió de quienes tomaron su denuncia presagiosa de lo peor, una atención de hiriente escepticismo y sin mover un dedo a su favor.

La divulgación de este episodio de desprecio no parece haber motivado medidas que eviten su repetición.

El país carece de suficientes refugios para mujeres que ponen en evidencia su certeza de que serían asesinadas.

Tampoco dispone de unidades de reacción rápida para interponerse entre los potenciales asesinos y quienes serían sus víctimas. Toda denuncia que vaticine supresión de la vida debe conducir a una previa supresión de libertad. El programa para conbatir con educación la violencia de machos es también de poquísimo alcance.

Los cabildos merecen más

Lo cierto es que los municipios del país van a seguir recibiendo menos de lo que necesitan para bien servir a sus comunidades.

La adición de 1,800 millones de pesos en el presupuesto para 2021 no se compadece con el crecimiento poblacional ni con los aumentos de los costos operativos, mayores cada año; ni con la obligación de pagar salarios justos a los empleados situados en las tareas más pesadas de esos organismos de autonomía mediatizada.

Un cambio realmente significativo en tratar a los cabildos, incluyendo a los distritos, pequeños y pobres, debería restituir la capacidad de captar ingresos sobre ámbitos que el Gobierno central usurpa y que por naturaleza y vinculación territorial les pertenecen, como gravar vehículos de motor con placas y patentes que conviertan a cada dueño de negocio en contribuyente.

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