Editorial

¿Por Cámara o por Contraloría?

En todos estos años ha faltado la acción resuelta de organismos a los que por mandatos constitucionales y adjetivos correspondería supervisar, auditar y finalmente formular expedientes en persecución de irregularidades y malversaciones en el Estado.

A la inoperancia contra la corrupción se sumaba además la anterior sumisión del Poder Legislativo al presidencialismo, anulado como contrapeso del sistema democrático, de separación de facultades, para poder escudriñar al Ejecutivo.

En particular, la Cámara de Cuentas, que ha debido ejercer con minuciosidad las competencias que le corresponden, dejó hace tiempo de hacerse sentir con revisiones internas y publicaciones sobre ejercicios administrativos oficiales para arrojar luz y exigir respeto a normas, dando curso a los elementos de juicio para levantar acusaciones aunque se entiende que tiene calidad para hacerlo por sí misma.

Está caída en una pasividad es inseparable de la ausencia de un régimen de consecuencias para vulneraciones en la cosa pública.

Con anterioridad a su actual composición, la Cámara colocaba con fuerza sus dedos sobre llagas y con regularidad confrontaba al Ministerio Público por no proceder, con evidencias en manos, cuando sus conclusiones sobre manejos de recursos en áreas gubernamentales y de los ayuntamientos delataban inobservancias y violaciones que ameritaban trato penal por falta de pulcritud y transparencia.

Sorprendente acomodación

El propósito institucionalista de establecer requisitos de permanencia para poder ejercer determinadas funciones en el Estado es aplastado en el caso particular de la reforma en marcha a la ley que creó el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA.

Preocupa la tan «buena disposición» legislativa a acomodar un fundamento orgánico solo para abrr puerta a alguien, que no es de la especialidad que exige la naturaleza de la dirección del organismo.

Una votación al vapor; sastrería congresual para la confección «legal» de un único traje a la medida, ante el hecho incontrastable de que el concepto ley supone una universalidad tanto en sus fines como en la obediencia que a cada legislación deben todos los ciudadanos. Cambiar reglas sin cuidar las formas no es razonable ni aceptable. Que no sobreviva ese precedente.

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