Editorial

Posposición de elecciones

La Junta Central Electoral resolutó posponer las elecciones previstas para mayo y las fijó para que sean celebradas el 5 de julio. La decisión responde a un gran consenso informal no socializado entre las principales fuerzas partidarias y de la sociedad civil.

Se trata de una decisión justificada por la crisis sanitaria que afecta al país como a todas las naciones del mundo, por efecto de la pandemia del coronavirus, la cual sigue su avance progresivo sin que se vea cerca el final de esa pandemia. El gobierno sigue tomando y anunciando medidas, pero los contagiados y los muertos siguen en fase de ascenso después de más de 45 días desde que se iniciara la penetración del COVID-19 en el país.

Ante esas perspectivas la JCE, recogiendo el sentir general de los sectores políticos, empresariales y sociales, de forma oportuna y pertinente, anunció la posposición de las elecciones nacionales, para no promover un evento de movilización masiva de la población que rompería con la estrategia oficial del “aislamiento social” y de “quédate en casa”, líneas de acción que tienen como propósito romper con la cadena de contagio para detener el avance de la pandemia.

No obstante, la medida de la Junta coincide con la intención de algunos sectores de que se alargue el período de campaña, coincidiendo con la finalidad de que los candidatos rezagados en las preferencias electorales puedan aprovechar la posposición para tratar de modificar el cuadro de preferencias electorales. De esa manera se aprovecharía la calamidad sanitaria con fines políticos electorales. Y por esa vía se podría derivar la posposición indefinida de las elecciones y así crear un clima que favorezca el continuismo. La fecha del 5 de julio resultaría tentativa e ideal.

En esa perspectiva, la prolongación de la crisis sanitaria operaría como una condición funcional a los fines de un proyecto político para el cual la crisis se convierta en un requisito funcional para la ineficiencia pública calculada en relación al tratamiento de la pandemia. La incertidumbre sanitaria así inducida, podría ser manejada con esos propósitos políticos, pero con un gran daño para la población, tal como lo viene mostrando la evolución de contagiados y fallecidos por coronavirus. Sin embargo, ese eventual manejo por su “oportunismo y maquiavelismo” implícitos, podría profundizar el proceso de deslegitimación y rechazo, sobre todo para aquellos sectores que recurran a esas desviaciones políticas.

Una situación de esa naturaleza también podría degenerar en una crisis política cuyas proporciones amenazarían el orden institucional del país y la paz social. Se trata de una perspectiva de alto riesgo y de alto peligro para la nación dominicana.

En vez de esas perspectivas ensombrecedoras convendría que la crisis sanitaria se maneje apegada al criterio de la eficiencia, armonizándolo con los designios doctrinales y éticos que determinan el marco institucional de la licitud, cuyo respeto se traducirá en legitimidad y aprobación.

La JCE tiene el deber y la responsabilidad, aún en medio de la pandemia, de diseñar una modalidad de elecciones adecuado para el 5 de julio, que evite que la crisis sanitaria se convierta en crisis institucional y política.

¡Qué la JCE contribuya a la normalización institucional! 

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba
Cerrar