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Privados de libertad podrán participar en elecciones presidenciales de 2024.

La Junta Central Electoral (JCE) dio luz verde al reglamento que permite a los privados de libertad en condiciones de internos preventivos ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales del 19 de mayo de 2024.

El documento especifica que la persona debe disponer de su Cédula de Identidad y Electoral para participar en el proceso electoral.

Para la implementación de este reglamento, se utilizarán como recintos de votación aquellos centros que formen parte del nuevo modelo penitenciario, incluyendo cárceles públicas en Nagua, Azua y Salcedo, donde se ha iniciado un plan piloto de captura de datos biométricos.

El reglamento establece la creación de un «Padrón Electoral Penitenciario» que incluirá a todos los privados de libertad en condiciones preventivas que posean su cédula y hayan sido empadronados. La JCE, en coordinación con las instituciones responsables del sistema carcelario, iniciará el proceso de empadronamiento y creará una «Lista preliminar de elecciones penitenciarias».

Los colegios electorales penitenciarios, creados dentro de los recintos carcelarios, contarán con cinco funcionarios miembros designados por la Junta Electoral correspondiente. Los partidos políticos que presenten candidaturas presidenciales tendrán derecho a la acreditación de delegados políticos.

El día de la jornada electoral, solo tendrán acceso a los colegios penitenciarios los delegados previamente acreditados. Las votaciones en estos colegios se llevarán a cabo en un horario especial, desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 de la tarde, seguido por el proceso de escrutinio de votos.

El reglamento también establece medidas para garantizar el sufragio a privados de libertad con discapacidad y adultos mayores. La JCE diseñará una campaña de divulgación para promover esta iniciativa en colaboración con las autoridades carcelarias.

Este reglamento sigue los pasos de un acuerdo interinstitucional firmado entre la JCE, el registro civil y la Procuraduría General de la República, que inició un plan piloto en la provincia Hermanas Mirabal para permitir el voto de privados de libertad.

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