Editorial

Protección al menor

A juzgar por los muchos casos de denuncias sobre exposición degradante en redes sociales, abuso y explotación sexual, República Dominicana debe figurar entre las naciones de América Latina con mayor índice de violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha expresado preocupación por la difusión de vídeos con imágenes de menores en las que se les imponen comportamientos sexuales de adultos o códigos de vestimentas que los exponen a forma de maltrato a su integridad por su condición de vulnerabilidad.

Rosa Elcarte, representante de Unicef, advierte que esos vídeos difundidos en redes sociales conllevan a la “hipersexualizacion de niños y niñas”, lo que a su juicio constituye “una entrada para la normalización del abuso sexual infantil, que no puede ser aceptado bajo ningún concepto”.

Al tipo de agresión a menores contenidos en imágenes degradantes que se difunden por internet, le preceden crímenes sobre los cuales las autoridades no han sido diligentes en prevenir o perseguir, como los que se incurren al obligar a niños, niñas y adolescentes al comercio de la prostitución.

La Constitución de la República y el Código del Menor encomiendan al Ministerio Público la protección y tutelaje de los niños, niñas y adolescentes, por encima incluso de los padres o tutores, quienes pueden ser sometidos a la justicia si por acción o inobservancia colocan a sus hijos en situación de peligro físico o moral.

Hace bien la Unicef en recordar a autoridades, familias y sociedad que la Convención sobre Derechos del Niño, o el Código sobre el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes reconocen que todos los menores de 18 años tienen derecho a la integridad personal.

El Ministerio Público tiene la obligación de garantizar respeto a la dignidad, la integridad física, síquica, moral y sexual del menor, incluido la preservación de su imagen, identidad, autonomía de valores, ideas, creencias y espacio.

A lo que se aspira es a que el Estado dominicano cumpla cabalmente con el mandato constitucional, contenido también en convenciones, códigos y leyes, de proteger cabalmente la dignidad e integridad física y moral de los menores, quienes penosamente están hoy expuestos a todo tipo de agresiones, incluido el abuso y explotación sexual así como la exposición degradante de su imagen en redes sociales.

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