Proyecto de reforma policial elimina custodia fija de agentes en instituciones públicas y limita servicios privados

Santo Domingo. – La propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, depositada el martes en el Senado por el Poder Ejecutivo, introduce cambios sustanciales al modelo de seguridad pública, entre ellos la eliminación casi total de policías asignados de manera permanente a instituciones del Estado y la restricción de su presencia en empresas privadas.

El proyecto establece en su artículo 147 que los agentes policiales quedan expresamente prohibidos de realizar labores de vigilancia, custodia o seguridad en ministerios, direcciones generales y demás entidades públicas, salvo en situaciones excepcionales debidamente justificadas por riesgos específicos y previa autorización del Ministerio de Interior y Policía.

De aprobarse este artículo en los términos propuestos, quedaría eliminada una práctica histórica en la República Dominicana, consistente en la asignación regular de policías como personal fijo de seguridad en instituciones públicas.

De igual forma, el artículo 146 dispone que las empresas privadas solo podrán solicitar agentes policiales en casos extraordinarios de interés público y, de ser autorizadas, deberán asumir el costo total del servicio, excluyendo así la asignación discrecional de personal policial a entidades privadas.

Uso de la fuerza y control institucional

La iniciativa, definida por sus proponentes como una reestructuración profunda del modelo policial, redefine el uso de la fuerza. Entre los artículos 148 y 161 se establece que toda actuación policial deberá regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.

El artículo 149 contempla la posibilidad de emplear la fuerza para la disolución de manifestaciones no pacíficas, mientras que se establece la obligación de notificar al Ministerio Público cuando, durante una intervención, se produzcan daños a personas o bienes.

Formación y carrera policial

El proyecto también apuesta por una transformación del perfil profesional del agente. Entre los artículos 127 y 132 se propone la creación del Centro Nacional de Estándares de la Profesión Policial, organismo encargado de certificar competencias, validar conocimientos y supervisar el desempeño del personal policial.

La profesionalización incluye una reorganización de la carrera policial, contemplada en el Título IV, donde se establece que solo los miembros de carrera podrán ejercer funciones policiales, y que los ascensos estarán condicionados a educación continua, evaluaciones periódicas y el cumplimiento de requisitos específicos.

Asimismo, se crea un sistema permanente de evaluación del desempeño, descrito en el Capítulo X, que incidirá directamente en la permanencia, ascensos y traslados de los agentes, integrando criterios de conducta, competencias y rendimiento operativo.

Transparencia y régimen disciplinario

Otro eje central del proyecto es la transparencia. La propuesta obliga a todos los miembros de la Policía Nacional —desde los niveles de dirección hasta el personal operativo— a presentar declaraciones juradas de patrimonio.