Publicidad estatal y libertad de expresión: cuando el dinero público empieza a hablar:

Por:  Giovanni Matos                                                                                                                                                  Director del El Veedor Digital

Hay alertas que un país no debería ignorar. Y una de ellas acaba de ser lanzada por la organización cívica Participación Ciudadana: el descontrol en el uso de la publicidad estatal podría convertirse en un factor que afecte la libertad de expresión en la República Dominicana.

No es un tema menor. Tampoco es una discusión técnica reservada a especialistas en comunicación política. En el fondo, se trata de algo mucho más delicado: quién controla el flujo del dinero público que alimenta buena parte del ecosistema mediático del país.

Cuando el Estado se convierte en uno de los principales anunciantes, su poder no es solo económico. También es político.

La advertencia de Participación Ciudadana apunta precisamente a ese vacío estructural: la ausencia de una legislación clara que regule cómo se distribuye la publicidad oficial. Hoy, millones de pesos pueden ser destinados a campañas institucionales sin criterios plenamente transparentes sobre su asignación, alcance o finalidad.

El problema no es la publicidad en sí. El Estado tiene el deber de informar políticas públicas, campañas de salud, educación o seguridad. El problema aparece cuando esa publicidad deja de ser un instrumento de información pública y comienza a operar como un mecanismo de influencia política.

En muchas democracias de América Latina este fenómeno tiene un nombre conocido: censura indirecta.

No se trata de cerrar periódicos ni de prohibir opiniones. El método es más sofisticado. Se premia a los medios complacientes con contratos publicitarios generosos y se castiga —silenciosamente— a los medios críticos retirándoles recursos.

El resultado es un sistema donde la autocensura comienza a operar antes de que cualquier censura formal sea necesaria.
Y ese es el punto más delicado del debate.

La libertad de expresión no se destruye solamente con decretos o leyes represivas. A veces se erosiona lentamente, mediante mecanismos económicos que condicionan la supervivencia de los medios.

En países donde gran parte del mercado publicitario privado es limitado, la publicidad estatal puede convertirse en un salvavidas financiero para muchos medios. Pero cuando ese salvavidas depende de decisiones políticas discrecionales, la independencia editorial empieza a caminar sobre una cuerda floja.

La advertencia de Participación Ciudadana debería provocar una discusión seria en el país. No desde la trinchera partidaria, sino desde la defensa institucional de la democracia.

Porque el problema no pertenece a un gobierno específico. Es estructural.
Hoy puede beneficiar a unos. Mañana puede beneficiar a otros.

Por eso las democracias más maduras han entendido algo fundamental: la publicidad estatal debe estar regulada por reglas claras, transparentes y verificables, no por decisiones discrecionales de funcionarios.

Cuando el dinero público se usa sin controles para influir en el ecosistema mediático, la información deja de ser un derecho ciudadano y empieza a convertirse en un instrumento de poder.

Y cuando eso ocurre, la pregunta que queda flotando en el aire es inquietante:

¿habla la prensa… o habla el presupuesto publicitario del Estado?