Editorial

Que así sea

La Procuraduría General y el Tribunal Superior Electoral (TSE) acordaron los roles a asumir para perseguir y sancionar a quienes incurran en delitos electorales durante las elecciones municipales de febrero, lo que supone un significativo aporte al anhelo colectivo de que esos comicios sean libres y transparentes.

El presidente del TSE, Román Jaquez anunció que ese tribunal designará un juez de atención permanente que conocerá sobre las medidas de coerción a los acusados de violar la ley electoral, y también nombrará a los jueces que conocerán las demás fases del proceso.

Los fiscales de todas las jurisdicciones penales tendrán a su cargo la investigación y persecución relacionada con infracciones electorales, aunque no fungirían como parte de una procuraduría especializada, que aún no ha sido puesta en vigencia, aunque tales delitos serían sancionados conforme a la ley.

El procurador Jean Alain Rodríguez ha prometido que el Ministerio Público apoderará a los jueces del TSE de los expedientes sobre delitos electorales con méritos probatorios para que los inculpados sean sancionados, lo que representa un paso de avance si se toma en cuenta que antes solo reinaba la impunidad.

Compra o venta de votos, falsificación de documentos o cualquier otra modalidad de fraude electoral serían de competencia de un tribunal compuesto por cinco jueces que darían “respuesta oportuna, apegada al debido proceso y a las garantías procesales penales” a todos los inculpados.

Sería de gran alivio para la Junta Central Electoral (JCE) que el Tribunal Superior Electoral y el Ministerio Público cumplan con su obligación de perseguir, someter y sancionar las infracciones electorales, porque de esa manera podría dedicarse a su rol fundamental que es el de organizar elecciones limpias y concurridas.

En las personas del procurador general y del presidente del TSE recae la responsabilidad histórica de garantizar que la ley será aplicada sin contemplaciones a cualquier persona física o jurídica que incurra o trate de incurrir en cualquier forma de fraude.

Aunque todavía con elevada dosis de incredulidad, la sociedad dominicana recibe de buen agrado el anuncio de que el Estado a través del Ministerio Público y del órgano jurisdiccional electoral garantiza cercenar toda forma o modalidad de delito o fraude electoral. Que así sea.

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