Opinión

Robar en el Estado, ¿ahora es más difícil…?

Por Oscar López Reyes

Cuando el pajarito cantor se distraía con su plumaje multicolor, aleteando en el murmullo del cielo que irradiaba ilusiones candorosas en la inminente comparecencia del siglo XXI, el reconocido y flamante director (E.P.D.) de una institución de servicio público comunitario cambiaba una porción de los cheques donados a ella -su nombre y su rúbrica de endoso centellaban en el reverso-, impasible contaba los pesos y, con la mirada como un rinoceronte africano, salvajemente se los metía en el bolsillo derecho de su pantalón, y se marchaba en el auto con placa oficial, quien sabe hacia dónde. ¿Auditoría? Bien. Gracias!

Aparte de que los bancos ya no aceptan ese tipo de operación cambiaria, el titular de una entidad gubernamental -centralizada o descentralizada- que ahora asuma esa conducta, automáticamente se desacredita. Antes de que termine de llevarse a la boca la jarra de porcelana con el último sorbo de café, su nombre retumbará como un salteador por las cuatro esquinas de la ciudad. Morbosamente, el documento mercantil quedará retratado en millones de celulares, distribuidos a hurtadillas probablemente por un empleado que no ha conseguido un aumento de sueldo.

Los estafadores deambulaban desde antes de la primera llegada del Mesías, hace más de dos mil años. Y hoy siguen en sus correrías, haciendo caso omiso al séptimo mandamiento de la ley de Dios: No robarás, cargando con utensilios sin tomar en cuenta si están contaminados con la coronavirus y serán abatidos mortalmente por este virus, aunque en ese viaje sin retorno no sean acogidos en el reino de Dios.

Las maniobras de corrupción más sonadas son relativas a las contrataciones públicas de bienes, obras, servicios y concesiones del Estado; la extorsión y el soborno a gran escala, el uso de información privilegiada y tráfico de influencias, el desvío y la malversación de fondos, los fraudes, la prevaricación y el nepotismo. Algunos, cuando quieren conocer el perfil de un sujeto, le formulan dos preguntas: ¿…funges como dirigente político?, y ¿eres funcionario público?

A la creptocracia se trepa, por lo general, experimentando con mañoserías menores, como cogerse una lombriz, un perrito, una prenda en una tiendecita, una cartera, un retrovisor, una dentadura, un tanque de gas o un grano de arroz.

Los ladrones de siete leguas abundan a dos por chele:

1.- Llevarse un periódico ajeno de una marquesina.

2.- -Comerse cinco yaniqueques y decir que fueron tres.

3.- Cargar de la empresa/oficina, a escondidas, lapiceros, hojas para escribir, papeles de baños y otros objetos.

4.- Encontrarse dinero y no devolverlo, o no regresar el que le sobra cuando otro lo manda a pagar algo.

5.- Cobrar porcentajes o comisiones para asignar, y también para cobrar, por la asignación de obras y proyectos estatales.

 6.- “Picotear” bien, como empleado, en Aduanas, Migración y otras oficinas recaudadoras del Estado.

 7.- Vender productos a sobreprecios, adulterados (conscientemente) y sin registro sanitario.

8.- Ocupar terrenos propiedad del Estado o de particulares, y después alegar que son suyos o que tienen que negociar con ellos para abandonarlos.

9.- Instalar negocios de ventas de repuestos y otros artículos sustraídos.

10.- Vender o comprar el voto en un proceso electoral.

En “La corrupción. Hábitos, reformas e impunidad”, que tenemos listo para poner en circulación en el 2021, junto a dos obras sobre el narcotráfico y decenas de libros -en un acto/Récords Guiness- sin precedentes, apostillamos sobre el decálogo antítesis: 1) refundación de la Nación, por el colapso de la democracia representativa; 2) educación/concientización ética, 3) reformas-legislación, especialmente en la Cámara de Cuentas y Ministerio Público, que han sido arietes de los gobiernos; 4) información/transparencia, 5) desburocratización pro-presupuesto nacional, 6) fiscalización/auditorías, 7) reducción de los financiamientos parasitarios a partidos y empresarios, 8) Flexibilización laboral/salarios dignos, 9) denuncias públicas, y 10) castigo judicial.

En el pasado reciente, muchas iniciativas portentosas han terminado convirtiéndose en paliativos y fiascos, por la alta incidencia saboteadora de poderes políticos y económicos envueltos en actos de corrupción, como legisladores, jueces, conspicuos de la partidocracia y grupos minúsculos que operan como colmados para chuparse los recursos públicos. Enjuiciar definitivamente a los prevaricadores de la administración pública, con la aplicación a pie juntillas de la inversión del fardo de las pruebas, será una labor alto responsable y valiente.

Cuando las instancias oficiales correspondientes -presidente de la República, fiscales y jueces- han emprendido la ciclópea y envidiable resolución de penalizar sin amuleto la gran corrupción, han merecido un gran respaldo ciudadano, expresado en los sondeos. Además de la justicia no conmutativa del séptimo mandamiento de que no robarás, y el encierro carcelario, en éxodo 22:14 se sugiere que si una persona roba un buey o una oveja, y lo mata o vende, pagará cinco bueyes por el buey y cuatro ovejas por la oveja.

Aunque ahora es más difícil robar en el Estado, por los procedimientos gerenciales-financieros montados, estos pueden ser suplantados y vulnerados por la lucidez del cacumen conductor, en el jardín del oropel cómplice.

Las denuncias a través de las nuevas tecnologías, la vigilancia y consistencia de los poderes Ejecutivo y Judicial, y las masivas sentencias condenatorias en esta fase inédita de la historia dominicana, encumbrarán a esos mandantes en el pedestal más justiciero. El primer timonel del gobierno, Luis Abinader Corona, cuenta con un 70% de aprobación (encuesta Gallup-Hoy 23 de noviembre de 2020), y luce que este porcentaje fluctuaría por esas periferias si no se deja doblegar -confiamos en que no retrocederá en su sólida voluntad – por las presiones de  partípices/implicados, o seducido por alpinistas y ultraconservadores que merecen arder en las llamaradas del infierno.

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