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RESUMEN
La sociedad continúa conmocionada tras el asesinato de cinco ciudadanos dentro de una barbería de Santiago de los Caballeros el 10 de septiembre, a manos de agentes de la Policía Nacional. Se trata de un hecho grave que, por sus características, exige una explicación clara y transparente.
La institución policial ha señalado que los fallecidos eran “reconocidos delincuentes” con antecedentes. Sin embargo, aun si esto fuese cierto, en ningún caso justifica su ejecución. La justicia no puede aplicarse en la calle ni con balas, práctica que lamentablemente ha sido frecuente en un cuerpo llamado a garantizar el orden público.
Mientras se insiste en la necesidad de una reforma policial y se contratan expertos internacionales financiados con recursos del Estado, persisten los mismos patrones de “gatillo fácil” y abuso de autoridad, lo que aterra a la sociedad.
La Policía Nacional parece resistirse a evolucionar hacia modelos de actuación modernos y respetuosos de la vida y los derechos humanos. Calificar a un ciudadano de “delincuente” no debe ser una vía expedita para acribillarlo en plena vía pública.
La reforma policial debe ser más que un discurso: urge construir una institución profesional, capacitada y eficiente para enfrentar tanto los viejos como los nuevos delitos que afectan hoy a nuestra sociedad.
El quíntuple crimen de Santiago no puede repetirse. Las armas solo deben utilizarse en situaciones de extrema necesidad, nunca como primera respuesta.
Ese hecho no debe quedar impune. Sus responsables tienen que ser sancionados de manera ejemplar para que un episodio tan horripilante no vuelva a ocurrir.
En ese sentido, resulta alentador que el presidente Luis Abinader haya asegurado que se llegará hasta las últimas consecuencias.
