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RESUMEN
Santiago de los Caballeros.— Si la investigación relacionada con el caso de SENASA se limita exclusivamente a las personas que hasta ahora han sido apresadas, quedaría abierta una importante interrogante sobre el alcance real de las indagatorias. En Santiago, el silencio que rodea posibles implicaciones continúa generando cuestionamientos y preocupación entre sectores que reclaman que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias.
El caso, por la magnitud de los recursos públicos involucrados y por tratarse del Seguro Nacional de Salud, requiere una investigación amplia, transparente y sin exclusiones. Cualquier persona que resulte comprometida con irregularidades, independientemente de su ciudad, profesión, posición económica o vínculos políticos, debe responder ante las autoridades si existen evidencias suficientes en su contra.
El exdirector de SENASA, Santiago Hazim, y otras personas vinculadas al expediente han sido señalados por las autoridades dentro de las investigaciones sobre el presunto desfalco. Sin embargo, corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades individuales y establecer, sobre la base de pruebas, quiénes incurrieron en delitos y cuál fue el nivel de participación de cada involucrado.
También deben ser esclarecidas las denuncias y cuestionamientos relacionados con profesionales de la salud de Santiago y de otras provincias que pudieran haber participado en operaciones fraudulentas contra la institución. Si existen evidencias documentales, testimoniales o financieras que comprometan a otros actores, estas deben ser incorporadas a la investigación, sin importar dónde residan o ejerzan sus funciones.
SENASA administra recursos destinados a garantizar servicios de salud a millones de dominicanos, particularmente a sectores que dependen de la protección del sistema público. Por eso, cualquier peso que haya sido sustraído mediante mecanismos fraudulentos representa un perjuicio para el Estado y para los ciudadanos que financian y utilizan el sistema.
La sociedad tiene derecho a conocer el alcance completo de este caso. Una investigación eficaz no debe proteger culpables ni fabricar culpables: debe identificar, mediante pruebas y procedimientos legales, a todos los responsables y llevarlos ante la justicia.
El caso SENASA no puede terminar convertido en una investigación parcial. Si hubo una estructura más amplia de irregularidades, corresponde al Ministerio Público y a los organismos competentes determinar quiénes participaron, cómo operaron, cuánto dinero fue comprometido y qué funcionarios o particulares facilitaron las operaciones.
La exigencia debe ser una sola: que la investigación llegue hasta donde conduzcan las evidencias, sin importar nombres, ciudades, profesiones ni posiciones.
