Editorial

Sobrepeso en la balanza

Indistintamente se puede ser Gobierno hacedor de obras y servicios de interés social y ser también (en empeñoso auspicio de su proyecto político) protagonista empinando en una abundancia patrimonial, pero estatal, que nadie puede asumir como propia. Cabalgar en el corcel indiviso de bienes y potestades que el universo ciudadano paga definiría a las justas electorales como confrontaciones de injusta desproporción con un oficialismo empeñado en la permanencia, crecido y dadivoso, frente a rivales de limosnas apartados de significativas donaciones por carecer de influencias en el espectro de proveedores.

Quienes llevan las riendas del macro-Estado participan hasta la tambora en las competencias comiciales en un país de confusa delimitación entre fines partidarios y gubernamentales. Lograr la separación corresponde, primeramente, a la Junta Central Electoral, dotada de herramientas legales y poder reglamentario para conferir autenticidad a la democracia. Es ella, para lo inmediato, la que con el peso de sus facultades debe preservar los cursos de equidad imprescindibles para que los procesos no sean vulnerados por algún predominio unilateral. Los entes de observación y acompañamiento deben exponer sus criterios de salvaguarda de derechos electorales cada vez que sea necesario. Las instancias judiciales, más recurridas que nunca, no podrían ser indiferentes a la persistencia de desigualdades.

Municipalidad en desencaje

El fervor de las aspiraciones a dirigir los cabildos o gobiernos locales, de mucha cercanía a la gente, debería enfocarse más en liberarse de decisiones del Poder Central que niegan autonomía y fuero a tales organismos. Ninguno de ellos recibe suficientes recursos para bien servir a sus comunidades. ¿Por qué seguirle llamando ley a unas letras muertas que asignan, con un sentido de permanencia convertida en falsedad, el 10% de tributaciones fiscales a los ayuntamientos y que en indefectible rito anual el Congreso revoca?

¿Por qué se insiste en la hipocresía de pintar a las administraciones edilicias como entidades independientes de los Gobiernos que las han mantenido en la desgracia de no poder captar ingresos sobre áreas de actividades de la sociedad que por definición y atribuciones corresponden a su razón de ser?

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