Suspenden del Registro de Proveedores del Estado a 69 funcionarios, entre ellos ministros y diplomáticos
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RESUMEN
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio el Registro de Proveedores del Estado (RPE) a un total de 69 altos funcionarios públicos, incluyendo ministros y diplomáticos. Esta medida, anunciada el 16 de abril de 2026 en Santo Domingo, se tomó debido a que su condición de proveedores activos es incompatible con la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, la cual prohíbe a estos cargos mantener dicha inscripción mientras ejercen funciones.
Entre los afectados de mayor jerarquía figuran el ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, el actual ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, y el exministro de Salud Pública, Víctor Elías Atallah Lajam. La normativa vigente, promulgada en julio de 2025 y en vigor desde el 27 de enero de 2026, establece un régimen de inhabilidades absolutas para ministros, viceministros, legisladores y otros altos cargos, con el fin de prevenir conflictos de interés en el manejo de recursos públicos.
La DGCP enfatizó que la suspensión del RPE es una medida administrativa preventiva, no sancionadora, cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento de la ley y fortalecer la transparencia en los procesos de compras gubernamentales. La inclusión en este listado no implica que los funcionarios tuvieran contratos activos con el Estado, sino que estaban registrados como proveedores mientras ocupaban sus puestos, lo cual constituye una incompatibilidad legal. La lista de inhabilitados también abarca a numerosos viceministros, embajadores, cónsules generales, directores ejecutivos y generales de diversas instituciones, un senador y una vicealcaldesa.
La inhabilitación se mantendrá vigente mientras los funcionarios permanezcan en sus cargos y se extenderá hasta seis meses después de su salida, en concordancia con lo dispuesto por la legislación actual.
