Editorial

Temores de campaña

La campaña electoral anticipada, tomando como pretexto la promoción de las candidaturas municipales, está sirviendo de marco para la difusión en la población electoral de temores interesados, con la intención de manipular la expresión libre de la “voluntad popular”.

Del lado de la oposición se advierte al gobierno sobre su intención de recurrir a los recursos económicos del gobierno y sus relacionados, así como a la coacción económica aplicada a la gran masa de empleados públicos y beneficiados con los programas sociales de la presidencia, para de esa forma torcer la voluntad de los electores e inducirlos a votar, bajo esas presiones, por la candidatura oficial que es la de la continuidad.

Por eso no es de extrañar oír voces oficialistas que están amenazando con cancelaciones de los empleados que no se integren a la campaña oficial, tal como se produjera en Cotuí donde un legislador pro gobierno, fue captado por los medios de comunicación, dictaminando amenazas de cancelación contra los desafectos.

Pero si los temores se difunden desde el lado oficial, también provienen del lado de la oposición, sobre todo de la reciente oposición que surgiera fruto de la división del partido de gobierno. De ese litoral se anticipan acciones paramilitares para la defensa del voto contra el presunto fraude, que organizarían las fuerzas oficialistas, mediante la masiva “compra y venta” de votos, y que podría desatar el “caos” electoral, que a su vez podría degenerar en un desorden que pudiera hacer “abortar” las elecciones.

No obstante, esos temores se manipulan como parte de la campaña de las diversas fuerzas concurrentes a las próximas elecciones. Frente a esas acciones reales o fabulosas, la Sociedad Civil a través de las instituciones institucionalistas, así como de las organizaciones internacionales interesadas en la celebración de elecciones limpias, transparentes y libres, se manifiestan y se preparan para coadyuvar con la JCE en la organización de unas elecciones que resulten tranquilas y pacíficas y en las cuales se exprese la “libre voluntad” del elector dominicano.

De igual manera se manifiestan las iglesias y las asociaciones empresariales y profesionales, más interesadas en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y en la celebración de un certamen electoral tranquilo que garantice la estabilidad política de la nación, y del cual salgan gobernantes comprometidos con el desarrollo del país, con el combate a la corrupción y la impunidad, y que además garanticen la seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Frente a los temores que provienen de las irracionalidades de los competidores partidarios, la Junta Central Electoral, debe apoyarse en esas fuerzas de la Sociedad Civil que manifiestan su vocación a favor del avance de la democracia dominicana.

¡Limpiemos la nación de temores negativos!

Delitos electorales

Participación Ciudadana y FINJUS, dos expresiones institucionales de la Sociedad Civil, han pedido a la Procuraduría, la designación del Fiscal Electoral para que se persigan los delitos electorales que buscan alterar y burlar la “Voluntad Popular” del electorado.

¡Hay que garantizar elecciones limpias y libres de toda coacción!

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