Opinión

Testimonios y peritaje hunden a los dueños del Jet Set

Por David Ruiz

Santo Domingo. – Según el informe técnico pericial solicitado por el Ministerio Público, el desplome del techo del centro de entretenimiento Jet Set, que dejó un saldo trágico de 235 muertos y más de 180 heridos, fue resultado directo de graves fallas estructurales inducidas por modificaciones ilegales, negligencia y sobrecargas no evaluadas.

Los peritos designados para la investigación –Leonardo de Jesús Reyes Madera, Máximo Corominas Quezada y Eduardo A. Fierro, reconocido experto internacional en ingeniería estructural– concluyeron que el edificio, originalmente diseñado como un cine, fue transformado en discoteca sin que se realizaran adecuaciones técnicas conforme a normas de seguridad.

Uno de los hallazgos más alarmantes del peritaje fue la eliminación de una columna estructural esencial y de varios muros perimetrales, sin contar con estudios técnicos ni aprobación de las autoridades competentes. Además, el techo fue sobrecargado con ductos, tinacos llenos, estructuras VIP, casetas y seis aires acondicionados industriales de hasta 20 toneladas, todo sin estudios de carga previos.

Una falla inducida

Los tres ingenieros coincidieron en que el patrón del colapso observado corresponde a una “falla inducida por sobrecarga y modificaciones estructurales y no estructurales”, provocada por intervenciones inseguras y acumulación progresiva de peso sobre un techo diseñado para otro tipo de edificación.

Los especialistas utilizaron análisis forense estructural, ensayos de laboratorio, inspecciones de campo y revisión documental para concluir que el techo del Jet Set ya había sufrido múltiples intervenciones improvisadas. Los materiales mostraban deterioro y los trabajos de impermeabilización –según testigos– eran frecuentes, rudimentarios y realizados sin supervisión técnica.

Testimonio clave

Uno de los testimonios más reveladores es el de Gregorio Adames Arias, exempleado del Jet Set y encargado de reservaciones, quien aseguró que desde meses antes del siniestro ya se estaban cayendo plafones. “Todo lo que dijo el señor Antonio Espaillat en la entrevista es mentira”, declaró Adames, quien también afirmó que le advirtió directamente al propietario sobre el deterioro visible del techo, incluso el mismo día del colapso.

Adames contó que el sábado 5 de abril, dos días antes del derrumbe, ya habían caído plafones y que el día del evento fatídico –en el que se presentaría el merenguero Rubby Pérez–, aún no se habían corregido los daños. Ese mismo 7 de abril, aseguró que volvió a contactar a Antonio Espaillat vía WhatsApp para informarle que “pedazos del techo se estaban cayendo”.

En su testimonio también reveló que al momento del colapso, unas 570 personas se encontraban dentro del local, una cifra muy superior a la capacidad original del inmueble. Entre ellas, invitados especiales, empleados, músicos y clientes.

Emergencias bloqueadas y advertencias ignoradas

Gregorio relató además que las puertas de emergencia estaban cerradas con shutters, lo que dificultó la evacuación durante el colapso. Indicó que un invitado, Remberto Durán, fue golpeado por un fragmento del techo momentos antes del desplome e instó a Maribel Espaillat a suspender la fiesta. “Ella respondió que no podía tomar esa decisión, que solo Antonio podía hacerlo”.

Adames también aseguró haber recibido presiones tras la tragedia. Señaló que Maribel Espaillat lo visitó para advertirle que lo que él sabía era “delicado” y que podía implicar 20 años de cárcel para su hermano. En ese momento, dijo, comenzó a temer por su vida y decidió entregar voluntariamente su celular al Ministerio Público.

Implicaciones penales

Con base en estos hallazgos, el Ministerio Público acusa a Antonio y Maribel Espaillat de incurrir en homicidio involuntario, tipificado en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano. La evidencia técnica y testimonial los responsabiliza de mantener en operación un establecimiento con severos riesgos estructurales, ignorar advertencias internas y priorizar la rentabilidad económica sobre la seguridad de los asistentes.

El expediente sostiene que los propietarios tenían conocimiento de las filtraciones, del deterioro progresivo del techo y de los reportes frecuentes de daños estructurales. Aun así, continuaron realizando eventos masivos, como la última fiesta del 7 de abril, que acabó en la mayor tragedia de infraestructura nocturna en la historia del país.

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