Editorial

¿Todos bajo sospecha?

La profusión de casos de raterismo, atracos y atentados en las calles contra ciudadanos que se resistían a ser asaltados, ha sido una de las causas por las cuales se ha incrementado el uso de cámaras de video-vigilancia en negocios, residenciales y vías públicas.

La red de cámaras instaladas por el 9.1.1, a las que tienen acceso la Policía y organismos de inteligencia del país, sirve para detectar episodios de violaciones a las normas del tránsito, actos delictivos y monitorear, en sentido general, el comportamiento de las personas.

Hasta ahí todo va bien. Siempre que el propósito sea el de prevenir o minimizar los hechos que ponen en riesgo la seguridad ciudadana y la actividad comercial, la utilización de estos sistemas ha encontrado acogida en numerosos países y, en lo que respecta a muchas de las funciones que poseen estas tecnologías, han resultado útiles para descubrir a los responsables de las violaciones.

Donde la ciudadanía muestra recelo y resistencia es frente a la intención, velada o manifiesta, de ensamblar estos sistemas con las tecnologías de la inteligencia artificial para procurar el reconocimiento facial en base a datos biométricos de cualquier ciudadano, abriendo una amplia cancha a un mecanismo de vigilancia que va más allá de su ámbito de privacidad e intimidad que le garantiza la Constitución.

Cuando se trata de utilizar estos sistemas para llevar el espionaje a dimensiones más extensas que las que proveen los clásicos métodos de la intercepción telefónica (muy populares en nuestro país) o de colocación de micrófonos secretos en oficinas, casas, restaurantes, los gobiernos que las patrocinan y se deleitan con la cosecha de informaciones, están a un tris de caer en la tentación del modelo totalitarista y autoritario, donde todo los ciudadanos están bajo sospecha y vigilancia continua y sus actividades normales estrictamente limitadas.

La propensión al espionaje generalizado que se facilita con estas amplias redes de control visual y sónico puede desvirtuar el propósito original de la video-vigilancia para la seguridad pública, trastocándolo en otro donde prime la violación de la intimidad personal o el acoso y persecución por razones políticas o disidencias.

Sería como volver al tiempo de la dictadura de Trujillo donde los ciudadanos vivían siempre con la percepción de que hasta las paredes de sus casas ‘oían’ las conversaciones, ya que el régimen disponía de un andamiaje de espionaje absoluto y abarcador, como el que pueden alcanzar las sofisticadas redes de la video-vigilancia moderna.

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